CÓDIGO IBEROAMERICANO DE ÉTICA JUDICIAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La actualidad de la Ética Judicial en Iberoamérica

En nuestro espacio geográfico y cultural se asiste en los últimos años a la sanción

de Códigos de Ética Judicial o reglamentaciones particulares análogas (hasta la

fecha se han establecido en 15 países) con contenidos y diseños institucionales

diversos. La misma Cumbre Judicial Iberoamericana ha avalado esa alternativa

incluyendo en el  Estatuto del Juez Iberoamericano, aprobado en Canarias en el año

2001, un capítulo dedicado específicamente  a la “Ética Judicial”. En sintonía con

esos antecedentes, en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio

Judicial Iberoamericano  (Cancún, 2002), se reconoció  “un derecho fundamental de la

población a tener acceso a una justicia independiente, imparcial, transparente, responsable,

eficiente, eficaz y equitativa”. Esa realidad motivó que en la Declaración Copán-San

Salvador, 2004, los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia y de

Consejos de la Judicatura pertenecientes  a los países que integran Iberoamérica

aprobaron la siguiente declaración:

Primera: Reiterar como principios  éticos básicos para los juzgadores

iberoamericanos los ya establecidos en la Segunda Cumbre Iberoamericana de

Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, que tiene su reflejo en el  Estatuto

del Juez Iberoamericano y en la Carta de Derechos del Ciudadano frente

a la justicia.

Segunda: Realizar todos los esfuerzos necesarios para que se aprueben e

implanten dichos principios en la normativa de todos los países de Iberoamérica,

en particular en aquellos donde todavía no existe un Código de Ética,

promoviendo su creación.

Tercera: Revisar el texto de los Códigos  de Ética que ya existen, a efecto de

promover que las normas que rigen la ética de los jueces se acoplen al principio

de independencia respecto a cualquier otra autoridad y respecto de cualquiera de

las partes involucradas en los procesos judiciales concretos, y a los principios

derivados de aquél.  Cuarta: Dar a conocer en su respectiva judicatura los principios de ética que se

consagran en cada uno de sus Códigos  de Ética Judicial e integrarlos a los

programas de capacitación existentes en cada país.

Quinta: Difundir entre los justiciables, a través de distintos medios

informativos, sus Códigos de Ética con el propósito de incrementar la confianza

y la autoridad moral de los juzgadores.

Sexta: Impulsar la elaboración de un Código Modelo Iberoamericano de Ética

Judicial.

II. El Código Modelo como fruto del desarrollo regional de la ética judicial

La identidad de Iberoamérica cuenta con rasgos visibles y explicaciones históricas

extendidas pero, sobre todo, Iberoamérica aparece en el mundo globalizado del

presente como un espacio que interactúa con otras culturas, sin perder por ello sus

propias características que la tornan peculiar. En ese marco, los Poderes Judiciales

Iberoamericanos han ido construyendo  –trabajosa, pero exitosamente- una

realidad que, por encima de las particularidades nacionales, exhibe rasgos

comunes desde los cuales es posible ir delineando políticas de beneficio mutuo. En

la configuración de la ética judicial Iberoamericana hay rasgos comunes con otras

experiencias análogas que ofrecen distintos espacios culturales, pero también

algunas características distintivas que expresan aquella identidad. La realización

de un Código Modelo Iberoamericano supone un nuevo tramo de ese camino que ya

se ha ido recorriendo y posibilita que la región se presente al mundo desde una

cierta tradición, pero también como un  proyecto inacabado, que sin suprimir las

individualidades nacionales, descubre y ofrece una riqueza común.

III. El Código Modelo como compromiso institucional con la excelencia y como

instrumento para fortalecer la legitimación del Poder Judicial

A pesar de aquella decisión de la Cumbre Judicial Iberoamericana y del contexto

señalado que la respalda, dado que persisten voces judiciales escépticas o

desconfiadas, se hace necesario justificar este empeño en la aprobación de un

Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. En último término, se trata de, a partir

de las exigencias que el propio Derecho plantea a la actividad judicial, profundizar

en las mismas y añadir otras, de cara a alcanzar lo que podría llamarse el “mejor”

juez posible para nuestras sociedades. La ética judicial incluye los deberes jurídicos

que se refieren a las conductas más significativas para la vida social, pero pretende

que su cumplimiento responda a una aceptación de los mismos por su valor

intrínseco, esto es, basada en razones morales; además, completa esos deberes con

otros que pueden parecer menos perentorios, pero que contribuyen a definir la

excelencia judicial. De lo cual se sigue que la ética judicial supone rechazar tanto

los estándares de conducta propios de  un “mal” juez, como los de un juez

simplemente “mediocre” que se conforma con el mínimo jurídicamente exigido. A este respecto, corresponde advertir que la realidad actual de la autoridad política

en general, y de la judicial en particular, exhibe una visible crisis de la legitimidad

que conlleva en los que la ejercen el deber de procurar que la ciudadanía recupere

la confianza en aquellas instituciones. La adopción de un Código de Ética implica

un mensaje que los mismos Poderes Judiciales envían a la sociedad reconociendo

la inquietud que provoca esa débil legitimidad y el empeño en asumir

voluntariamente un compromiso fuerte por  la excelencia en la prestación del

servicio de justicia. Resulta oportuno señalar que no obstante el recurso a una

terminología muy extendida en el mundo del Derecho, tal como “código”,

“tribunal”, “responsabilidad”, “sanción”, “deber” etc., ella es asumida no con

aquella carga, sino como términos que permiten ser utilizados en el campo ético

con las particularidades que esta materia implica.

IV. La ética judicial y la necesidad de  armonizar los valores presentes en la

función judicial

Cabe recordar que en el Estado de Derecho al juez se le exige que se esfuerce por

encontrar la solución justa y conforme al  Derecho para el caso jurídico que está

bajo su competencia, y que ese poder e imperium que ejerce procede de la misma

sociedad que, a través de los mecanismos constitucionales establecidos, lo escoge

para tan trascendente y necesaria función social, con base en haber acreditado

ciertas idoneidades específicas. El poder que se confiere a cada juez trae consigo

determinadas exigencias que serían inapropiadas para el ciudadano común que

ejerce poderes privados; la aceptación de la función judicial lleva consigo

beneficios y ventajas, pero también cargas y desventajas. Desde esa perspectiva de

una sociedad mandante se comprende que el juez no sólo debe preocuparse por

“ser”, según la dignidad propia del poder conferido, sino también por “parecer”,

de manera de no suscitar legítimas dudas en la sociedad acerca del modo en el que

se cumple el servicio judicial. El Derecho ha de orientarse al bien o al interés

general, pero en el ámbito de la función judicial adquieren una especial

importancia ciertos bienes e intereses de los justiciables, de los abogados y de los

demás auxiliares y servidores de la justicia, que necesariamente han de tenerse en

consideración. La ética judicial debe  proponerse y aplicarse desde una lógica

ponderativa que busca un punto razonable de equilibrio entre unos y otros valores:

si se quiere, entre los valores del juez en cuanto ciudadano y en cuanto titular de

un poder, cuyo ejercicio repercute en los bienes e intereses de individuos concretos

y de la sociedad en general.

V. La ética judicial como apelación al  compromiso íntimo del juez con la

excelencia y con el rechazo a la mediocridad El Derecho puede ser visto como una regulación de la conducta por parte de

autoridades legitimadas para ello, que cabe usar para juzgar formalmente  ex post

facto aquellos comportamientos que la violan. Las normas éticas pueden ser usadas

también con esa función, pero en el “enjuiciamiento” ético no hay ninguna razón

que pueda esgrimir el denunciado por una falta contra la ética que quede fuera de

la deliberación; dicho de otra manera, un Tribunal de Ética puede aceptar razones

que serían inaceptables si  actuara como un tribunal jurídico. Mientras que en el

Derecho las formas generales mediante las que se determina la responsabilidad son

indisponibles y esencialmente orientadas hacia el pasado, en la ética se tornan

flexibles, puesto que lo primordial es modificar el futuro comportamiento del juez

y lograr la excelencia. Para la ética profesional, podría llegar a afirmarse que más

importante que descubrir faltas a sus  deberes es obtener una firme e íntima

adhesión a los mismos para lograr que el  servicio se preste con excelencia. Si

existiera una conciencia ética firme e integral por parte del profesional, sin duda se

tornarían irrelevantes buena parte de los deberes jurídicos.

VI. El Código Modelo como explicitación de la idoneidad judicial y complemento

de las exigencias jurídicas en el servicio de justicia

En las tradiciones de las antiguas profesiones, al señalar quiénes estaban

autorizados para ejercerlas y cómo debían prestarse los servicios correspondientes,

se filtraban reclamos a la conciencia ética profesional, por lo que las violaciones

respectivas incluían la pérdida de la posibilidad de seguir prestándolo. De ahí que

en la tarea judicial se tuviera en cuenta originalmente cierta idoneidad ética y se

previeran mecanismos de destitución cuando se incurría en mal desempeño. El

ejercicio de la función judicial no debe, obviamente, ser arbitrario, pero en

ocasiones es inevitable que el juez ejerza un poder discrecional. Esa

discrecionalidad judicial implica innegables riesgos que no pueden solventarse

simplemente con regulaciones jurídicas, sino que requieren el concurso de la ética.

Parece así adecuado que, a la hora de plantearse el nombramiento o la promoción

de los jueces, o de enjuiciar su conducta  en cuanto jueces, se tengan en cuenta

aquellas cualidades o hábitos de conducta que caracterizan a la excelencia

profesional y que van mas allá del mero cumplimiento de las normas jurídicas. Las

constituciones contemporáneas contienen un marco general de aquella dimensión

ética implicada en el servicio judicial, especialmente cuando indican quiénes

pueden ser jueces o cuándo procede su destitución. De ese modo, la ética judicial

encuentra asidero constitucional, en cuanto supone una explicitación de aquellos

enunciados constitucionales.

VII. El  Código Modelo como instrumento esclarecedor de las conductas éticas

judiciales La formulación de un Código de Ética Judicial puede ser una fuente muy

importante de clarificación de conductas. Obviamente, porque un Código de Ética

Judicial, como cualquier ordenamiento, supone una división de la conducta que

pretende regular en lícita e ilícita y, de esta manera, sirve de guía para sus

destinatarios. Pero también porque, en  ocasiones, dentro de las conductas

éticamente admisibles, los Códigos optan, por razones de oportunidad y de

coordinación, por un determinado curso de acción, de entre varios posibles; por

ejemplo, a pesar de que en principio  podría haber diversas opciones para

establecer el modo en que es éticamente autorizado que el juez se reúna con los

abogados de las partes, el hecho de que un Código escoja una de ellas despeja las

dudas que legítimamente pueden suscitarse entre sus destinatarios.

VIII. El Código Modelo como respaldo de la capacitación permanente del juez y

como título para reclamar los medios para su cumplimiento

Al mismo tiempo que un Código clarifica  conductas, las facilita en tanto se le

provee al juez de un respaldo para la realización de las mismas, evitando el riesgo

de quejas por parte de eventuales perjudicados. No sólo el juez sabe a qué atenerse,

sino también aquellos vinculados a su servicio. Pero dado que la ética no puede

exigir conductas imposibles, el Código  simultáneamente se constituye en una

fuente de razones a las que puede apelar el juez en el cumplimiento de sus

exigencias. De ese modo, si un Código reclama capacitación, es necesario que se le

brinde a sus destinatarios los medios  para acceder a la misma: si éstos no

existieran, sería difícil exigir responsabilidad por eventuales incumplimientos.

IX. El Código Modelo como estímulo para fortalecer la voluntad del juzgador y

como pauta objetiva de calidad ética en el servicio de justicia

El Código puede también ser visto como un instrumento para fortalecer la

voluntad del juez, en tanto determina conductas y consagra eventuales

responsabilidades éticas ante su infracción. Asimismo, al proveer criterios y

medidas determinadas con las que juzga la calidad ética del servicio, el Código

dota de cierta objetividad al concepto de “excelencia judicial”. Ello vale no sólo

para los propios jueces, sino también para la sociedad que ha conferido el poder y

que puede, a partir del Código, evaluar éticamente a los jueces tanto para

reprocharles su conducta como para reconocer su excelencia.

X. Del  Código Modelo de Ética Judicial a la ética de las otras profesiones

jurídicas Un Poder Judicial que cuenta con un Código de Ética está más legitimado para

exigir de las otras profesiones vinculadas a su servicio una respuesta equivalente

para sus integrantes. Es obvio que, más allá de la centralidad del juez en el servicio

de justicia, la excelencia ética en el mismo también depende de otras profesiones,

por lo que resulta coherente y conveniente extender esa preocupación más allá del

ámbito estrictamente judicial. La falta de ética judicial remite en ocasiones a otras

deficiencias profesionales, especialmente la de abogados, fiscales, procuradores e,

incluso, docentes jurídicos; un reclamo  integral de excelencia debe incorporar a

esos otros espacios profesionales, y el Código de Ética Judicial habilita para que el

mismo Poder Judicial lo impulse.

XI. Un Código Modelo como fruto de un diálogo racional y pluralista

El Código de Ética Judicial que se propone busca la adhesión voluntaria de los

distintos jueces iberoamericanos atentos a la conciencia profesional que exigen los

tiempos actuales y trata por ello de presentarse como el fruto de un “diálogo

racional” en el que se ha otorgado un considerable peso a las razones procedentes

de los códigos ya existentes. Sería inadecuado que el presente Código surgiera

como un emprendimiento desarraigado en  el tiempo y en el espacio o como un

mero acto de voluntad de la autoridad con competencia para ello. Por el contrario,

su fortaleza y eficacia dependerán de la prudente fuerza racional que logre

traducir en su articulado y de que, consiguientemente, sea capaz de movilizar

íntimas adhesiones en función de los bienes e intereses comprometidos en el

quehacer judicial. El Código debe ser una permanente y dinámica interpelación a

la conciencia de sus destinatarios para que, desde el compromiso de la excelencia,

logre encarnarse históricamente en aquellos que han aceptado prestar un servicio

demandado por la sociedad.

XII. Los principios éticos como núcleos concentrados de ética judicial

Desde la lectura comparada de los Códigos  de Ética Judicial vigentes es posible

identificar ciertas exigencias centrales que muestran una importante concentración

del modo en que se pretende la prestación del servicio de justicia de manera

excelente o completa. Esos núcleos concentradores de la ética judicial reciben

distintos nombres, pero parece aconsejable insistir –de conformidad con los

documentos iberoamericanos ya aprobados– en la denominación de “principios”,

dado que ellos reclaman cierto perfil intrínseco valioso cuya concreción histórica

queda sujeta a posibilidades y circunstancias de tiempo y lugar. Los “principios

éticos” configuran el repertorio de las exigencias nucleares de la excelencia judicial,

pero como tales pueden justificar diferentes normas en donde se especifiquen

distintas conductas en relación a determinadas circunstancias. Así, por ejemplo, la

independencia es inequívocamente uno de esos “principios”, y desde ella es posible delinear normas que, de manera más concreta, modalicen conductas

exigibles. Esos principios, al procurar modelar el ideal del mejor juez posible, no

sólo reclaman ciertas conductas sino que alientan que, tras la reiteración de las

mismas, se arraiguen en hábitos beneficiosos, facilitadores de los respectivos

comportamientos y fuente de una más sólida confianza ciudadana.

XIII. Las proyecciones de los principios en Normas o Reglas éticas

El Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial ofrece así un catálogo de principios

que en buena medida ya han sido receptados en Códigos vigentes en Iberoamérica.

Estos principios ordenan genérica y concentradamente la excelencia judicial, y

posibilitan que otras normas vayan concretando ese ideal, a tenor de cambiantes y

variadas circunstancias de tiempo y lugar. Cabe advertir que estos principios

pueden ser reconstruidos con el lenguaje propio de las virtudes –como se hace en

algunos Códigos Iberoamericanos–, en tanto la habitualidad de las conductas

pertinentes consolida disposiciones para la excelencia en el servicio judicial.

XIV. La experiencia iberoamericana en materia de faltas éticas y asesoramiento

ético judicial

Con independencia de que se estime  conveniente alentar y procurar que las

exigencias de los Códigos Éticos no queden libradas a la sola voluntad de los

destinatarios, una lectura comparativa de  los distintos sistemas vigentes en

Iberoamérica en materia de ética judicial permite constatar la existencia de un

tratamiento muy diversificado. Así, existen países que han optado por establecer

Tribunales de Ética Judicial ad hoc que juzgan de manera particular las faltas a sus

respectivos Códigos de Ética, mientras que en otros los Tribunales de Ética se

limitan a declarar la existencia de una  falta ética, pero dejan a los órganos

disciplinarios habituales la decisión final que eventualmente pueda adoptarse.

Además, hay países en que las faltas éticas se encuentran incluidas dentro del

régimen jurídico disciplinario que aplican los órganos administrativos o judiciales

competentes. Y, finalmente, otros que confían la eficacia del Código a la voluntad

individual de sus destinatarios. Por otro  lado, además de Tribunales de Ética,

algunos Códigos han previsto la existencia de Comisiones de Consultas Éticas a las

que se pueden remitir dudas o cuestiones con el propósito de recabar una opinión

que puede o no ser reservada; de esta manera, al mismo tiempo que se presta un

servicio de asesoramiento, se van enriqueciendo y concretando las exigencias éticas

generales establecidas por los principios.

XV. Comisión Iberoamericana de Ética Judicial Partiendo de esta diversificada experiencia institucional, el Código Modelo propone

la creación de una Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Sus funciones

principales son las de asesorar a los diferentes Poderes Judiciales cuando éstos lo

requieran y la de crear un espacio de discusión, difusión y desarrollo de la ética

judicial en el ámbito iberoamericano.  La Comisión estará integrada por nueve

miembros que habrán de estar vinculados directa o indirectamente al quehacer

judicial. PARTE I

Principios de la Ética Judicial Iberoamericana

CAPÍTULO I

Independencia

ART. 1º.- Las instituciones que, en el marco del Estado constitucional, garantizan la

independencia judicial no están dirigidas a situar al juez en una posición de

privilegio. Su razón de ser es la de garantizar a los ciudadanos el derecho a ser

juzgados con parámetros jurídicos, como forma de evitar la arbitrariedad y de

realizar los valores constitucionales y salvaguardar los derechos fundamentales.

.

ART. 2º.- El juez independiente es aquel que determina desde el Derecho vigente la

decisión justa, sin dejarse influir real o aparentemente por factores ajenos al

Derecho mismo.

ART. 3º.- El juez, con sus actitudes y comportamientos, debe poner de manifiesto

que no recibe influencias -directas o indirectas- de ningún otro poder público o

privado, bien sea externo o interno al orden judicial.

ART. 4º.- La independencia judicial implica que al juez le está éticamente vedado

participar de cualquier manera en actividad política partidaria.

ART. 5º.-  El juez podrá reclamar que se le  reconozcan los derechos y se le

suministren los medios que posibiliten o faciliten su independencia.

ART. 6º.-  El juez tiene el derecho y el deber de denunciar cualquier intento de

perturbación de su independencia. ART. 7º.- Al juez no sólo se le exige éticamente que sea independiente sino también

que no interfiera en la independencia de otros colegas.

ART. 8º.- El juez debe ejercer con moderación y prudencia el poder que acompaña

al ejercicio de la función jurisdiccional.

CAPÍTULO II

Imparcialidad

ART. 9º.-  La imparcialidad judicial tiene su fundamento en el derecho de los

justiciables a ser tratados por igual y, por tanto, a no ser discriminados en lo que

respecta al desarrollo de la función jurisdiccional.

ART. 10.- El juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con fundamento

en  la  prueba  la  verdad  de  los  hechos,  manteniendo a lo largo de todo el proceso

una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo tipo de

comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio.

ART. 11.- El juez está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las

que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable

pueda entender que hay motivo para pensar así.

ART. 12.- El juez debe procurar evitar las situaciones que directa o indirectamente

justifiquen apartarse de la causa.

ART. 13.- El juez debe evitar toda apariencia de trato preferencial o especial con los

abogados y con los justiciables, proveniente de su propia conducta o de la de los

otros integrantes de la oficina judicial.

ART. 14.-  Al juez y a los otros miembros de la oficina judicial les está prohibido

recibir regalos o beneficios de toda índole que resulten injustificados desde la

perspectiva de un observador razonable.

ART. 15.- El juez debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus

abogados (en su despacho o, con  mayor razón, fuera del mismo) que las

contrapartes y sus abogados puedan razonablemente considerar injustificadas. ART. 16.- El juez debe respetar el derecho de las partes a afirmar y contradecir, en

el marco del debido proceso.

ART. 17.- La imparcialidad de juicio obliga al juez a generar hábitos rigurosos de

honestidad intelectual y de autocrítica.

CAPÍTULO III

Motivación

ART. 18.-  La obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la

legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones

procesales, el adecuado control del poder  del que los jueces son titulares y, en

último término, la justicia de las resoluciones judiciales.

ART. 19.- Motivar supone expresar, de  manera ordenada y clara, razones

jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión.

ART. 20.- Una decisión carente de motivación es, en principio, una decisión

arbitraria, sólo tolerable en la medida en que una expresa disposición jurídica

justificada lo permita.

ART. 21.-  El deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con

decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez ejerza un poder

discrecional.

ART. 22.- El juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de

Derecho.

ART. 23.-  En materia de hechos, el juez debe proceder con rigor analítico en el

tratamiento del cuadro probatorio. Debe mostrar en concreto lo que aporta cada

medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto.

ART. 24.-  La motivación en materia de Derecho no puede limitarse a invocar las

normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos. ART. 25.- La motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a

las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto,

siempre que sean relevantes para la decisión.

ART. 26.-  En los tribunales colegiados, la deliberación debe tener lugar y la

motivación expresarse en términos respetuosos y dentro de los márgenes de la

buena fe. El derecho de cada juez a disentir de la opinión mayoritaria debe

ejercerse con moderación.

ART. 27.- Las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin

recurrir a tecnicismos innecesarios y con  la concisión que sea compatible con la

completa comprensión de las razones expuestas.

CAPÍTULO IV

Conocimiento y Capacitación

ART. 28.- La exigencia de conocimiento y de capacitación permanente de los jueces

tiene como fundamento el derecho de los justiciables y de la sociedad en general a

obtener un servicio de calidad en la administración de justicia.

ART. 29.-  El juez bien formado es el que conoce el Derecho vigente y ha

desarrollado las capacidades técnicas y  las actitudes éticas adecuadas para

aplicarlo correctamente.

ART. 30.- La obligación de formación continuada de los jueces se extiende tanto a

las materias específicamente jurídicas como a los saberes y técnicas que puedan

favorecer el mejor cumplimiento de las funciones judiciales.

ART. 31.-  El conocimiento y la capacitación de los jueces adquiere una especial

intensidad en relación con las materias, las técnicas y las actitudes que conduzcan a

la máxima protección de los derechos humanos y al desarrollo de los valores

constitucionales.

ART. 32.- El juez debe facilitar y promover en la medida de lo posible la formación

de los otros miembros de la oficina judicial.ART. 33.- El juez debe mantener una actitud de activa colaboración en todas las

actividades conducentes a la formación judicial.

ART. 34.- El  juez debe esforzarse por contribuir, con sus conocimientos teóricos y

prácticos, al mejor desarrollo del Derecho y de la administración de justicia.

CAPÍTULO V

Justicia y Equidad

ART. 35.- El fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del

Derecho.

ART. 36.-  La  exigencia de equidad deriva de la necesidad de atemperar, con

criterios de justicia, las consecuencias personales, familiares o sociales

desfavorables surgidas por la inevitable abstracción y generalidad de las leyes.

ART. 37.- El juez equitativo es el que, sin transgredir el Derecho vigente, toma en

cuenta las peculiaridades del caso y lo resuelve basándose en criterios coherentes

con los valores del ordenamiento y que  puedan extenderse a todos los casos

sustancialmente semejantes.

ART. 38.- En las esferas de discrecionalidad que le ofrece el Derecho, el juez deberá

orientarse por consideraciones de justicia y de equidad.

ART. 39.- En todos los procesos, el uso de la equidad estará especialmente

orientado a lograr una efectiva igualdad de todos ante la ley.

ART. 40.- El juez debe sentirse vinculado no sólo por el texto de las normas

jurídicas vigentes, sino también por las razones en las que ellas se fundamentan.

CAPÍTULO VI

Responsabilidad institucional

ART. 41.-  El buen funcionamiento del conjunto  de las instituciones judiciales es

condición necesaria para que cada juez pueda desempeñar adecuadamente su

función. ART. 42.- El juez institucionalmente responsable es el que, además de cumplir con

sus obligaciones específicas de carácter individual, asume un compromiso activo

en el buen funcionamiento de todo el sistema judicial.

ART. 43.-  El juez tiene el deber de promover en la sociedad una actitud,

racionalmente fundada, de respeto y confianza hacia la administración de justicia.

ART. 44.-  El juez debe estar dispuesto a responder voluntariamente por sus

acciones y omisiones.

ART. 45.-  El juez debe denunciar ante quien corresponda los incumplimientos

graves en los que puedan incurrir sus colegas.

ART. 46.-  El juez debe evitar favorecer promociones o ascensos irregulares o

injustificados de otros miembros del servicio de justicia.

ART. 47.-  El juez debe estar dispuesto a promover y colaborar en todo lo que

signifique un mejor funcionamiento de la administración de justicia.

CAPÍTULO VII

Cortesía

ART. 48.-  Los deberes de cortesía tienen su fundamento en la moral y su

cumplimiento contribuye a un mejor funcionamiento de la administración de

justicia.

ART. 49.- La cortesía es la forma de exteriorizar el respeto y consideración que los

jueces deben a sus colegas, a los otros  miembros de la oficina judicial, a los

abogados, a los testigos, a los justiciables y, en general, a todos cuantos se

relacionan con la administración de justicia.

ART. 50.- El juez debe brindar las explicaciones y aclaraciones que le sean pedidas,

en la medida en que sean procedentes y oportunas y no supongan la vulneración

de alguna norma jurídica. ART. 51.-  En  el  ámbito  de  su  tribunal,  el juez debe relacionarse con los

funcionarios, auxiliares y empleados sin incurrir -o aparentar hacerlo- en

favoritismo  o cualquier tipo de conducta arbitraria.

ART. 52.- El juez debe mostrar una actitud tolerante y respetuosa hacia las críticas

dirigidas a sus decisiones y comportamientos.

CAPÍTULO VIII

Integridad

ART. 53.-  La integridad de la conducta del juez fuera del ámbito estricto de la

actividad jurisdiccional contribuye a una fundada confianza de los ciudadanos en

la judicatura.

ART. 54.- El juez íntegro no debe comportarse de una manera que un observador

razonable considere gravemente atentatoria contra los valores y sentimientos

predominantes en la sociedad en la que presta su función.

ART. 55.- El juez debe ser consciente de que el ejercicio de la función jurisdiccional

supone exigencias que no rigen para el resto de los ciudadanos.

CAPÍTULO IX

Transparencia

ART. 56.- La transparencia de las actuaciones del juez es una garantía de la justicia

de sus decisiones.

ART. 57.-  El juez ha de procurar ofrecer, sin infringir el Derecho vigente,

información útil, pertinente, comprensible y fiable.

ART. 58.- Aunque la ley no lo exija, el juez debe documentar, en la medida de lo

posible, todos los actos de su gestión y permitir su publicidad. ART. 59.-  El juez debe comportarse, en relación con los medios de comunicación

social, de manera equitativa y prudente, y cuidar especialmente de que no resulten

perjudicados los derechos e intereses legítimos de las partes y de los abogados.

ART. 60.- El juez debe evitar comportamientos o actitudes que puedan entenderse

como búsqueda injustificada o desmesurada de reconocimiento social.

CAPÍTULO X

Secreto profesional

ART. 61.- El secreto profesional tiene como fundamento salvaguardar los derechos

de las partes y de sus allegados frente al uso indebido de informaciones obtenidas

por el juez en el desempeño de sus funciones.

ART. 62.-  Los jueces tienen obligación de  guardar absoluta reserva y secreto

profesional en relación con las causas en trámite y con los hechos o datos

conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta.

ART. 63.-  Los jueces pertenecientes a órganos colegiados han de garantizar el

secreto de las deliberaciones del tribunal, salvo las excepciones previstas en las

normas jurídicas vigentes.

ART. 64.-  Los jueces habrán de servirse tan solo de los medios legítimos que el

ordenamiento pone a su alcance en la persecución de la verdad de los hechos en

los actos de que conozcan.

ART. 65.- El juez debe procurar que los funcionarios, auxiliares o empleados de la

oficina judicial cumplan con el secreto  profesional en torno a la información

vinculada con las causas bajo su jurisdicción.

ART. 66.-  El deber de reserva y secreto profesional que pesa sobre el juez se

extiende no sólo a los medios de información institucionalizados, sino también al

ámbito estrictamente privado.

ART. 67.-  El deber de reserva y secreto profesional corresponde tanto al

procedimiento de las causas como a las decisiones adoptadas en las mismas. CAPÍTULO XI

Prudencia

ART. 68.- La prudencia está orientada al autocontrol del poder de decisión de los

jueces y al cabal cumplimiento de la función jurisdiccional.

ART. 69.- El juez prudente es el que procura que sus comportamientos, actitudes y

decisiones sean el resultado de un juicio justificado racionalmente, luego de haber

meditado y valorado argumentos y contraargumentos disponibles, en el marco del

Derecho aplicable.

ART. 70.-  El juez debe mantener una actitud abierta y paciente para escuchar o

reconocer nuevos argumentos o críticas en orden a confirmar o rectificar criterios o

puntos de vista asumidos.

ART. 71.- Al adoptar una decisión, el juez debe analizar las distintas alternativas

que ofrece el Derecho y valorar las diferentes consecuencias que traerán aparejadas

cada una de ellas.

ART. 72.- El juicio prudente exige al juez capacidad de comprensión y esfuerzo por

ser objetivo.

CAPÍTULO XII

Diligencia

ART. 73.- La exigencia de diligencia está encaminada a evitar la injusticia que

comporta una decisión tardía.

ART. 74.-  El  juez  debe  procurar  que  los  procesos a su cargo se resuelvan en un

plazo razonable.

ART. 75.- El juez debe evitar o, en todo caso, sancionar las actividades dilatorias o

de otro modo contrarias a la buena fe procesal de las partes. ART. 76.- El juez debe procurar que los actos procesales se celebren con la máxima

puntualidad.

ART. 77.-  El juez no debe contraer obligaciones que perturben o impidan el

cumplimiento apropiado de sus funciones específicas.

ART. 78.- El juez debe tener una actitud positiva hacia los sistemas de evaluación

de su desempeño.

CAPÍTULO XIII

Honestidad profesional

ART. 79.-  La honestidad de la conducta del juez es necesaria para fortalecer la

confianza de los ciudadanos en la justicia y contribuye al prestigio de la misma.

ART. 80.-  El juez tiene prohibido recibir beneficios al margen de los que por

Derecho le correspondan y utilizar abusivamente o apropiarse de los medios que

se le confíen para el cumplimiento de su función.

ART. 81.-  El juez debe comportarse de manera que ningún observador razonable

pueda entender que se aprovecha de manera ilegítima, irregular o incorrecta del

trabajo de los demás integrantes de la oficina judicial.

ART. 82.- El juez debe adoptar las medidas necesarias para evitar que pueda surgir

cualquier duda razonable sobre la legitimidad de sus ingresos y de su situación

patrimonial.

PARTE II

Comisión Iberoamericana de Ética Judicial

ART. 83.- La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial tiene por objeto: a) Asesorar a los diferentes Poderes Judiciales y Consejos de la Judicatura

Iberoamericanos o a la propia Cumbre Judicial cuando lo soliciten sus

representantes.

b) Facilitar la discusión, difusión y desarrollo de la ética judicial a través de

publicaciones o de la realización de cursos, seminarios, diplomados y

demás encuentros académicos.

c) Fortalecer la conciencia ética judicial de los impartidores de justicia

iberoamericanos.

ART. 84.-  La Comisión estará integrada por  nueve miembros y un secretario

ejecutivo, elegidos por un período de cuatro años con posibilidad de reelección.

Los cargos serán honoríficos.

ART. 85.-  Cada órgano integrante de la Cumbre Judicial Iberoamericana podrá

proponer a un candidato por cada vacante de la Comisión, debiendo acompañar el

respectivo curriculum vitae.

ART. 86.- Los candidatos deberán estar vinculados directa o indirectamente con el

quehacer judicial, contar con una amplia trayectoria profesional y gozar de

reconocido prestigio. Podrán provenir  de la magistratura, la abogacía o la

actividad académica y estar en activo o jubilados.

ART. 87.-  Integrarán la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial aquellos

candidatos que obtengan el consenso en la Asamblea Plenaria de la Cumbre

Judicial, y de no ser posible, el mayor número de votos de los miembros presentes.

ART. 88.-  La Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana

propondrá a la Asamblea Plenaria el candidato a ocupar la Secretaría Ejecutiva de

la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, debiendo obtener el consenso o la

mayoría de votos a que se refiere el artículo anterior.

ART. 89.- El candidato a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Iberoamericana de

Ética Judicial podrá ser de cualquier nacionalidad de los países iberoamericanos y

deberá cumplir con los mismos requisitos que los miembros de la Comisión. ART. 90.- El Secretario Ejecutivo de la Comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Propiciar y convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la

Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.

b) Recibir, tramitar y archivar las solicitudes de asesoría, consultas o

cualquier otro documento.

c) Levantar actas de las sesiones de la Comisión.

d) Rendir cuentas a los miembros de la Comisión y a la Cumbre Judicial

Iberoamericana cada año y en cada oportunidad que se le solicite.

e) Coordinarse con las Secretarías Permanente y Pro-Tempore.

f) Ejecutar y notificar las decisiones de la Comisión Iberoamericana de

Ética Judicial.

g) Participar en las deliberaciones de la Comisión Iberoamericana con voz,

pero sin voto.

ART. 91.- El domicilio de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial será el de la

Secretaría Ejecutiva.

ART. 92.-  Las solicitudes de asesoría o cualquier otra petición de los órganos

integrantes de la Cumbre Judicial Iberoamericana o los de la propia Cumbre

Judicial deberán dirigirse a la Secretaría Ejecutiva.

ART. 93.-  Una vez recibida una solicitud o petición, la Secretaría Ejecutiva, en el

plazo de 72 horas, deberá ponerla en conocimiento de los integrantes de la

Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.

ART. 94.- La Comisión Iberoamericana deberá pronunciarse en el plazo de 90 días

naturales o corridos, contados a partir de la recepción de la solicitud o petición.

ART. 95.-  Los dictámenes, las recomendaciones, las asesorías o cualquier

pronunciamiento de la Comisión Iberoamericana en ningún caso tendrán fuerza

vinculante para los Poderes Judiciales o Consejos de la Judicatura ni para la propia

Cumbre Judicial.

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