Indemnización por caerse en el Trabajo

La Justicia condenó a una ART y a esa dependencia estatal a indemnizar a una empleada de limpieza con más de $40.000 por una lesión que sufrió en el hombro al resbalar en el baño. Si bien se invocó la culpa de la víctima “por usar tacos altos”, para la Cámara fue clave que el piso estuviera mojado y lo calificó como “cosa riesgosa”.
SENT.DEF.N°:20085                                  EXPTE. N°: 9.965/2010 (29.572)
JUZGADO N°: 41                                       SALA X
AUTOS: “CABRERA ELSA MIRTA C/ JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Y OTRO S/ LEY ESPECIAL”.
Buenos Aires,
                        El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO, dijo:
                        El sentenciante “a quo” admitió la acción por reparación integral incoada por la actora al considerar acreditada la ocurrencia del siniestro denunciado en el inicio, la incapacidad padecida por la reclamante en relación causal con aquel evento y la existencia de factores objetivos y subjetivos de atribución de responsabilidad en cabeza de los coaccionados de conformidad con las disposiciones de los arts. 1113 y 1074 del Código Civil.
                        Tal decisión arriba a esta alzada cuestionada por la parte actora (fs. 456/458), por la aseguradora de riesgos del trabajo coaccionada (fs. 464/67vta) y la empleadora de la reclamante (fs. 475/77vta), todos con replica de sus contrarias. Asimismo, hay apelaciones de honorarios por parte de los peritos médico, ingeniero y contador y de la representación letrada de cada una de las partes.
                        La parte actora se queja por el quantum indemnizatorio diferido a condena y por el rechazo de la reparación por gastos médicos y de traslado.
                        A su turno, La Caja ART S.A. critica la incapacidad admitida por el sentenciante de grado en relación causal con el infortunio de marras, porque no se valoró la culpa de la actora en la ocurrencia del siniestro, por la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la L.R.T., por el monto de condena y la determinación de responsabilidad en base a la normativa del derecho común a su respecto. Se alza por la imposición de costas y cuestiona por altos los emolumentos asignados a la representación letrada de la reclamante y de los peritos designados en la causa.
                        Por último, la Jefatura de Gabinete de Ministros, se queja por la falta de valoración de la participación de la propia accionante en el hecho en cuestión, por el monto de condena y por los honorarios regulados a la dirección letrada del actor y los correspondientes a los expertos designados en autos.
                        Reseñado el contenido de los agravios esgrimidos por las partes, por una cuestión de estricto orden metodológico trataré, en primer término, los memoriales de las coaccionadas en los aspectos que resultan comunes a la controversia.
                        Cabe destacar, liminarmente, que la ocurrencia y mecánica del infortunio padecido por Cabrera con fecha 3 de enero de 2008, es una cuestión admitida por el Dr. Alvarez Bangueses (conf. fs. 443/44 –considerando I, in fine) y que arriba firme a esta alzada y, en función de ello, cabe analizar la existencia de un daño en cabeza de la reclamante con motivo de ese hecho y, en su caso, la existencia de los presupuestos fácticos generadores de responsabilidad civil imputados a los coaccionados, como así también, si mediaron o no factores eximentes o atenuantes de aquella responsabilidad, en el caso, la culpa de la víctima.
                        En cuanto al primer tópico, considero que no le asiste razón a la aseguradora coaccionada en cuestionar la relación de causalidad entre las lesiones constatadas por la perito médica designada en la causa y el infortunio cuya ocurrencia –reitero- viene admitida ante esta alzada.
                        Así lo sostengo, porque la recurrente no se hace cargo, con rigor científico, de las conclusiones a las que arribara la Dra. Rosemblatt en su informe de fs. 329/334, donde analizó con precisión y rigor, las lesiones que presenta Cabrera en nexo causal con el accidente en cuestión y la presencia de patologías de carácter inculpable, mensurando adecuadamente cada una de ellas en función de los antecedentes fácticos obrantes en la causa.
                        En efecto, la galena señaló, en concordancia con lo que surge del dictamen de la Comisión Médica Central obrante a fs. 34/39, que la actora “refirió que en fecha 1/3/2008 sufrió un resbalón en su trabajo cuando se encontraba en el toillete, y al tomarse de la mesada con la mano derecha para evitar la caída, sintió un fuerte tirón y dolor en el hombro derecho. Inicialmente le restó importancia al hecho y debido a que el dolor y la impotencia funcional en el hombro persistían, se automedicó con analgésicos. Posteriormente tomó su licencia por vacaciones durante 30 días y a su regreso, debido al dolor y la limitación de la movilidad persistían concurrió a su obra social donde fue examinada por un traumatólogo, quien le solicitó estudios y le indicó tratamiento médico y kinesiológico en el hombro derecho, durante dos meses. Dado que no mejoraba, efectuó la denuncia ante la ART”. Continuó con el tratamiento ante su obra social y “debido a la falta de respuesta satisfactoria al tratamiento conservador, le indicaron tratamiento quirúrgico, siendo operada de su hombro derecho, artroscopicamente el 1/7/08, con uso posterior de cabestrillo durante 45 días y tratamiento kinesioterapéutico durante dos meses”.
“De acuerdo con el parte quirúrgico, surge que se le efectuó acromioplastía y bursectomía (resección del extremo distal del acomión y bolsa serosa) por presentar un síndrome de fricción subacromial y se identificó la presencia de tendinosis en el tendón del músculo supraespinoso”. Del examen semiológico practicado por la perito, se identifica en el hombro de referencia, con discreta hipotrofia del músculo deltoides derecho presentando limitación de la abdoelevación, de la elevación anterior y de la rotación externa con conservación dentro de valores normales de rotación interna, aducción y extensión del hombro respectivamente. O sea que con dicho miembro superior la actora no puede acceder a cualquier objeto ubicado por encima del nivel de su cabeza, o tomarse del pasamanos de un colectivo”; “…presenta rigidez del hombro derecho del miembro superior hábil”.
Describió las características del síndrome de fricción subacrominal que presenta la actora y señaló su posible origen degenerativo, a la vez que agregó que del parte quirúrgico, surge la presencia de la llamada lesión Slap que es el desgarro del labrum glenoideo superior que obedece a una patología traumática.
Señaló además que Cabrera presenta tendinosis o tendinitis en el músculo supraespinoso que representa un “proceso inflamatorio que puede afectar el sector tendinoso o muscular y formar parte de la denominada “periartritis de hombro” (patologías con dolor en los músculos rotadores externos, internos y abductores). Explico que la causa de tal síndrome es variada y asimismo puede ser secundaria a traumatismos.
En función de tales consideraciones y luego de describir las limitaciones que presenta la accionante en su miembro superior derecho, señaló que resulta portadora de una incapacidad parcial y permanente del 13% de la total obrera vinculada concausalmente con el accidente invocado, a la vez que determinó que de dicha incapacidad el 50% corresponde a factores personales o extralaborales, haciendo alusión al “síndrome subracomial” y que el resto guarda vinculación con el infortunio de marras.
En otras palabras y en respuesta a lo expuesto en el memorial recursivo, la perito médica consideró expresamente las lesiones que presenta la actora, describiendo el posible origen de cada una de ellas y atribuyéndole al evento de autos la causación del 50% de la incapacidad detectada en tanto, conforme indicó, en oportunidad de responder la impugnación deducida por la empleadora a fs. 340/vta, reconoció que Cabrera era portadora de una lesión preexistente, agravándose ésta por el hecho accidental denunciado.
A la luz de tales consideraciones, entiendo  que corresponde otorgar plena eficacia probatoria al referido informe (arg. art. 477 del CPCCN); sobre cuya base concluyo que las secuelas físicas que presenta la accionante y de las cuales se le atribuyó el 50% de las mismas (6,50% con más los factores de ponderación) responden causalmente al siniestro padecido el 1 de enero de 2008.
Por lo demás, las consideraciones que formula el recurrente en torno a la falta de contemporaneidad entre el hecho y la denuncia ante la ART se reduce, en la medida en que el accidente está acreditado, a una discrepancia conjetural y dogmática que no enerva la fuerza convictiva de la prueba pericial en la que se sustenta la decisión apelada (art. 91 L.O. y 477, CPCCN).
                        En efecto, el art. 477 del CPCCN establece que la fuerza probatoria del dictamen pericial debe ser estimada teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los letrados (que en el caso del recurrente no se han observado) y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca. Y al respecto la jurisprudencia ha señalado, con criterio que comparto, que la apreciación de estos peritajes es facultad de los jueces, que tienen respecto de este tipo de prueba las mismas atribuciones que para el análisis de las restantes medidas probatorias, pudiendo hacerlo con la latitud que le adjudica la ley.
                               En consecuencia, y toda vez que no se ha invocado ni mucho menos demostrado válidamente el error en que pudiera haber incurrido el facultativo designado de oficio, cuyo peritaje reviste plena fuerza probatoria y valor convictivo en razón de los fundamentos científicos que lo ilustran y los estudios y análisis en que se funda (arts. 386 y 477 CPCCN), cabe desestimar este segmento de la queja.
                        Sentado ello, cabe analizar si se presentan en la especie los presupuestos de la responsabilidad civil invocados en el libelo inicial circunstancia que, previamente, impone dar tratamiento a la inconstitucionalidad del art. 39.1 de la LRT que llega cuestionado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, a mi juicio sin razón, porque entiendo que no es un aspecto que pueda generarle agravio, en la medida valla legal impuesta está dirigida al empleador y nada impide que se entable una acción en su contra con sustento en la normativa del derecho común, siempre que se presentes los presupuestos de responsabilidad allí previstos, aspectos sobre los cuales oportunamente volveré.
Aún, cuando así no fuera, comparto el temperamento adoptado en la instancia anterior y propicio confirmar la declaración de inconstitucionalidad del art. 39, párrafo 1ro, de la ley 24.557,  porque la reparación tarifada prevista en dicha ley no impide la reparación integral, a la que tiene derecho todo trabajador, porque lo contrario conculca el art. 14 bis de la Carta Magna en cuanto dispone que el trabajo goza de la protección de las leyes, con lo que la relación de dependencia sólo puede ser tenida en cuenta para posicionar al trabajador en mejor forma que a las demás personas frente a una situación determinada, pero nunca peor ó discriminarlo negativamente del ejercicio de determinado tipo de acciones, marcando diferencias ante la ley, afectando la garantía que consagra el art. 16 y las disposiciones de los arts. 17, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, pues por una parte se ignora el derecho de propiedad del trabajador y, por la otra, se eximiría al empleador de responsabilidad por el daño que cause, lo que genera -reitero- una discriminación no compatible con los principios esenciales tanto de la Carta Magna como los que receptan los tratados internacionales que prohíben la discriminación por causales sociales ó económicas.
Despejado ello, y trance de resolver la aplicación al caso de lo dispuesto por el art. 1113 del Código Civil, advierto que no ha sido cuestionada en esta alzada el carácter de “cosa riesgosa” que el magistrado de la instancia anterior le atribuyó al “piso mojado” en el que resbaló la trabajadora, lo que me exime de mayores comentarios, siendo dable acotar, a mérito de las consideraciones efectuadas por las recurrentes, que los argumentos vinculados con la supuesta culpa de la víctima en la causación del daño no fue una cuestión introducida oportunamente en el responde, sino que se expuso en ocasión de presentar la memoria escrita –434/5-, con lo cual no debieron merecer el tratamiento en la instancia anterior.
Sin embargo, analizada la cuestión –tal como lo ha sido en la sede de grado-, considero que los argumentos no resisten mayor análisis, en tanto, tratan de trasladar la responsabilidad a la accionante por dos órdenes de razones, en primer término por haber concurrido a un baño que se encontraba mojado cuando existían dos baños para mujeres en el lugar y otra porque, sabiendo que estaba mojado, ingresó al mismo con tacos altos (extremo que acoto, sólo podría inferirse del interrogatorio propuesto por la parte demandada al perito ingeniero –ver fs. 161vta, pto. 2- sin otro aval probatorio), pero tales circunstancias en modo alguno conducen a establecer una culpa de la trabajadora que se erija como eximente de responsabilidad del empleador, en tanto es el riesgo de la cosa el que aparece como la causa adecuada del daño frente a otros factores que pudieron haber concurrido en el evento y, además, no observo que hubiera mediado por parte de Cabrera una omisión a una diligencia debida que constituya un supuesto de culpa (conf. art. 512 C. Civil), como factor eximiento o concurrente en la responsabilidad objetiva atribuible al dueño o guardián.
En lo concerniente al monto por el cual prospera la acción, aspecto que mereció la crítica por parte de la accionante y de las codemandadas, participo del criterio de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación que desde antiguo ha establecido que no son admisibles criterios matemáticos para graduar el monto de los perjuicios (fallos 300: 1254), porque no son más que un falso intento de cuantificar meras conjeturas que no contemplan situaciones personales de la víctima ó de la realidad que lo circunda. La vida humana tiene un valor trascendente que no es factible enmarcar de dicha manera y desde un punto de vista económico y, en lo que respecta a la valuación de un daño material, carece de un valor en sí misma que independientemente de lo que produzca ó pueda producir debe indemnizarse, por lo que una reparación de tal tipo (que excluye afecciones de orden moral) debe establecerse teniendo en cuenta los datos concretos de las personas y en función de las circunstancias que rodean al caso, de forma más ajustada y menos inflexible.
Por ello, compartiendo los parámetros utilizados por el magistrado de la instancia anterior (edad de la víctima a la fecha del infortunio, la incapacidad otorgada, la remuneración acreditada, con consideración del  ingreso mensual base –promedio de los haberes sujetos a aportes y contribuciones durante el año anterior a la contingencia denunciada), estimo que la suma diferida en concepto de daño material y moral resulta adecuada, por un total de $40.000 resulta adecuada y se evidencia como una reparación integral del daño padecido (conf. arts. 1060, 1077. 1082 y 1113 del Código Civil).
Dicho monto, llevará los intereses fijados en el fallo recurrido porque sobre tal cuestión no ha mediado objeción o cuestionamiento alguno por parte de los recurrentes.
                        Resta analizar el agravio de la parte actora por el cual cuestiona que se hubiera desestimado el rubro “gastos médicos, de tratamiento y traslado” (ver fs. 65vta/66) sustentados en las erogaciones que tuvo que afrontar para la atención médica de la lesión sufrida puesto que, como afirma, La Caja ART S.A. en un principio rechazó la contingencia denunciada y, como consecuencia de ello, no brindó las prestaciones medicas, sin perjuicio del posterior reconocimiento de la C.M.C. del carácter de accidente de trabajo del evento acaecido (conf. 34/39)
                        Así expuesta la cuestión, entiendo que le asiste parcial razón a la recurrente y resulta prudente reconocerle una suma de dinero comprensiva de los gastos de traslado que debió asumir como consecuencia de la atención médica que recibió de su obra social en virtud de la lesión sufrida, no así respecto del respecto de los gastos médicos y de tratamiento porque, en relación a esto último, se desconoce la cobertura de obra social que cuenta la reclamante, como para presumir que no le cubrió la totalidad del tratamiento dispensado (incluida la intervención quirúrgica y posterior tratamiento de rehabilitación) y tampoco se explicó, siquiera sumariamente, cuales fueron los gastos que en tal concepto debió afrontar.
                        Distinta es mi opinión, como adelantara, respecto de los gastos de traslado porque de la historia clínica obrante a fs. 239/84 surge claro que la actora debió someterse a una cirugía artroscópica y un tratamiento de rehabilitación, es claro presumir (conf. art. 165 del CPCCN) que para ello debió afrontar determinados gastos de transporte y, por ende, cabe fijar el monto indemnizatorio en la suma de $300 a valores de aquella época.
                               Por último, resta analizar la condena solidaria a la aseguradora de riesgos del trabajo en los términos del art. 1074 del Código Civil y, en tal sentido, recuerdo que la accionante, en su escrito inicial, más allá de las imputaciones genéricas formuladas, le atribuyó responsabilidad a la recurrente no haber denunciado a la SRT la omisión incurrida por la demandada en la falta de manutención del baño en el cual se accidentara la trabajadora –ver fs. 62vta-, aspecto expresamente considerado por el “a quo” al resolver la cuestión como lo hizo, en tanto señaló que “no existen constancias concretas en la causa que demuestren que la ART efectuó controles en el lugar de prestación de tareas de la actora respecto de la seguridad del área de trabajo y los testigos que declararon en la causa dan cuenta que era habitual que el piso del baño estuviera mojado, constituyendo un riesgo constante” y, además, argumentó que “un efectivo control de la aseguradora y una adecuada recomendación (por ejemplo la clausura del baño antes de que se produjera el siniestro) hubiera podido evitar el daño ocasionado”.
Ahora bien, en reiteradas ocasiones, esta Sala que integro, ha que resulto que es factible condenar a las ART en pretensiones fundadas en derecho civil, siempre que se encuentren reunidos los requisitos exigidos por la normativa que se invoca como presupuesto de su responsabilidad, esto es, que se funde y acredite en forma fehaciente, que incumplió los deberes que la ley de Riesgos del Trabajo otorga (Conf. S.D. 15.530 del 29/9/2007 in re “Vouillovo Julio Anibal c/ Terminal Buenos Aires S.A. y otro s/ Acc-Acción Civ”; S.D. 15.623 del 30/10/2007 in re “Maldonado Santos Teodoro c/ Dino Matioli S.A. y otro s/ Acc. Acción Civ”; S.D. 17.322 del 2/3/2010 in re “Lienemann Barbudes Alfredo c/ Hertiman Rubén Luis y otro s/ Acc. Acción Civil”, entre otros).
Tal postura coincide, en líneas generales, con el precedente de nuestra Excma. C.S.J.N. en autos “Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro”, donde se estableció  por mayoría que “no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquél, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales”, señalando además que “tampoco las hay, dada la variedad de estos deberes, para que la aludida exención, satisfechos los mentados presupuestos, encuentre motivo en el solo hecho que las ART no pueden obligar a las empleadoras aseguradas a cumplir determinadas normas de seguridad, ni impedir a éstas que ejecuten sus trabajos por no alcanzar ciertas condiciones de resguardo al no estar facultadas para sancionar ni para clausurar establecimientos. Esta postura, sin rebozos, conduciría a una exención general y permanente, por cuanto se funda en limitaciones no menos generales y permanentes. Asimismo, pasa por alto dos circunstancias. Por un lado, al hacer hincapié en lo que no les está permitido a las ART, soslaya aquello a lo que están obligadas: no se trata, para las aseguradoras, de sancionar incumplimientos o de imponer cumplimientos, sino de algo que antecede a ello, esto es, prevenir los incumplimientos como medio para que éstos, y los riesgos que le son  ajenos, puedan evitarse. Por el otro, olvida que no es propio de las ART permanecer indiferentes a dichos incumplimientos, puesto que la ya citada obligación de denunciar resulta una de  sus funciones preventivas”.
Ahora bien, en este caso concreto y, contrariamente a lo manifestado por la recurrente, más allá del enunciado genérico efectuado en la demanda, considero, a partir de los elementos probatorios arrimados a la causa, que La Caja ART S.A. incurrió en omisiones e incumplimientos a sus obligaciones legales (tampoco produjo prueba en contrario) que aparecen como razonablemente concurrentes en el proceso de causación del daño pues, esto es, objetivamente apreciadas, guardan adecuada y lógica relación causal.
Es que entiendo acreditada la relación de causalidad entre el incumplimiento imputado (ausencia de control respecto del ambiente de trabajo –que incluye la totalidad de las áreas del establecimiento) y el daño producido, toda vez que como señaló el sub júdice y no ha sido cuestionado en esta alzada, los testigos Gorosito (fs. 392/3) y Menéndez (fs. 394/5) fueron coincidentes en indicar que el baño en el que se produjo el siniestro siempre tenía problemas, estaba mojado y pese a los reclamos efectuados, nunca lo arreglaron, siendo que actualmente se encuentra clausurado. En ese marco, sí la recurrente hubiera cumplido con las obligaciones y cargas que, en materia de prevención y vigilancia, le impone la normativa vigente, aconsejando la clausura o arregló del sanitario para evitar la existencia de agua en el piso y evitar así potenciales resbalones, seguramente se hubiera evitado la ocurrencia del evento padecido por Cabrera.
Nótese que fue claro el experto técnico en señalar que la existencia de pisos mojados en baños de establecimientos de trabajo constituyen condiciones inseguras de trabajo y ameritan, técnicamente, su inmediata clausura para su uso con cartel de señalización advirtiendo tal circunstancia, en tanto modifican el coeficiente de adherencia entre la suela del calzado y la superficie del piso, facilitando las caídas de las personas que transitan por el mismo (fs. 422/vta).
No soslayo que el empleador no puede ser compelido por aquella a adoptar las medidas que se les indiquen ni impedidos de cumplimentar sus prestaciones en condiciones deficientes de seguridad, pero ello no es óbice para valorar que sus  recomendaciones, no sólo respecto de “operaciones y procesos” (como indica en su memorial recursivo), sino también el ambiente de trabajo como un todo inescindible, resultaban absolutamente necesarias a fin reducir o prevenir la ocurrencia de siniestros como el autos. Así, recuerdo que el art. 2 de la ley 19587 establece que a los efectos de la ley los términos “establecimiento”, “explotación”, “centro” o “puesto de trabajo” designan todo lugar destinado a la realización o donde se realicen tareas de cualquier índole o naturaleza con la presencia permanente, circunstancial, transitoria o eventual de personas físicas y a los depósitos y dependencias anexas de todo tipo a los que asistan o concurran por el hecho o en ocasión del trabajo o con el consentimiento expreso o tácito del empleador” (el destacado me pertenece), debiéndose poner en práctica y adoptar a su respecto –obligación principal del empleador que debe controlar al ART – todas las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo a las cuestiones reseñadas en el art. 8vo. de la citada normativa.
Obsérvese que esta acreditado que con posterioridad al sinistro (sin nada que avale tal proceder) la empleadora de la actora procedió a la clausura del toillete, extremo que de haber ocurrido con anterioridad, sea por recomendación de la ART o por decisión propia de la patronal, hubiera evitado –reitero- la producción del infortunio y la causación del daño acreditado.
En ese marco, comparto las consideraciones efectuadas por la jurisprudencia en cuanto a que “si la ley 24.557 impone a las aseguradoras de riesgo del trabajo conductas positivas inherentes a la provisión de capacitación, al control y a la fiscalización de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, es porque está presuponiendo que el cumplimiento efectivo de tales funciones tendrá relación causal con la reducción de la siniestralidad. Luego, a “contrario sensu”, también está presuponiendo que la omisión de esa actividad es apta para no detener los procesos causales con desenlaces dañinos” (Sala VIII, S.D. 38.810, en autos: “Reinoso, Teresa Irma c/ Hernanplas S.R.L.  y otro s/ Accidente – Acción Civil” del 28/4/2011).
El deber de prevención eficaz implica conductas específicas de asesoramiento (decreto 170/96), de control de las medidas seguridad, y de denuncia de los incumplimientos en que incurra el empleador por ante el ente de superintendencia.
El incumplimiento al referido deber legal tiene consecuencias específicas dentro del aludido microsistema normativo, siendo legítimo que se carguen a la aseguradora los riesgos derivados de una previsión ineficaz, ya que su obligación está descripta con precisión y es congruente con el límite indemnizatorio, todo lo cual permite el aseguramiento (en este sentido CSJN S 1458 XXXIX “Soria, Jorge Luis c/ Ra y Ces SA y otro” 10/4/07).
                        A partir de las consideraciones expuestas, entiendo que ha quedado acreditado en autos que La Caja ART, incurrió en los incumplimientos ya reseñados, pues de ningún elemento del expediente se desprende que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo realizara medidas o dictara recomendaciones, en relación al debido mentenimiento de los ambientes de trabajo, con anterioridad al siniestro de autos, como tampoco que  hubiere denunciado los incumplimientos de ésta última a la Superintendencia de Seguros de la Nación (que aludió cumplidos), obligación también legalmente impuesta a su cargo, lo que determina la responsabilidad que pretende atribuir el actor sobre dicha coaccionada en base a lo normado por el art. 1074 del Código Civil.
                        Lo expuesto precedentemente me lleva a concluir que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo no efectuó ninguna actividad preventiva de las exigidas por los arts.  18 y 19  del decreto 170/96, reglamentario de la ley 24.557, por lo que puede válidamente sostenerse que incurrió en una conducta culposa y concurrió con el empleador en la causación del daño ( arts. 512 y ccs. del C.Civil), rigiendo de este modo, lo dispuesto por el art.1074 del mismo cuerpo legal.
En consecuencia y por los motivos expuestos en el presente voto, propicio confirmar la extensión de condena contra Asociart S.A. ART con fundamento en lo normado por el art. 1074 del Código Civil, pues ha concurrido con el empleador
                        Las costas de alzada se mantienen a cargo de las demandadas vencidas en la contienda (art. 68 del CPCCN).
A su turno, los honorarios regulados a la representación letrada de las partes y de los peritos médico, contador y técnico, lucen acordes a la labor profesional desarrallada en la instancia de grado y de conformidad con las pautas arancelarias vigentes (conf. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 22 y conc. de la ley 21.839, 24.432 y dec. ley 16.638/57), por lo que sugiero sean mantenidos y calculados sobre el nuevo monto de condena comprensivo de capital e intereses.
                        Las costas de alzada, se imponen a las demandadas objetivamente vencidas en lo sustancial (art. 68 del CPCCN) y, a tales efectos, sugiero regular los honorarios de la dirección letrada del actor y de las codemandadas Jefatura de Gabinete de Ministros y de La Caja ART S.A., en el 25% respectivamente para cada uno  de ellos de lo que les corresponda percibir por su actuación en grado (art. 14 de la ley arancelaria).
                        Por todo lo expuesto, voto por: 1) Confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide y elevar el monto de condena a la suma de PESOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS ($ 40.300) con más los intereses fijados en la instancia anterior; 2) Mantener la imposición de costas realizada en la sede anterior, así como también los porcentajes de honorarios asignados a la representación letrada de las partes y los peritos actuantes en autos, todos ellos a calcularse sobre el nuevo monto de condena comprensivo de capital e intereses; 3) Imponer las costas de alzada a las demandadas objetivamente vencidas (art. 68 del CPCCN), y 4) Regular los honorarios de la dirección letrada del actor y de las codemandadas Jefatura de Gabinete de Ministros y de La Caja ART S.A., en el 25% respectivamente para cada uno  de ellos de lo que les corresponda percibir por su actuación en grado (art. 14 de la ley arancelaria).
                        El Dr. GREGORIO CORACH, dijo:
                        Por compartir los fundamentos del voto que antecede, adhiero al mismo.
                        El Dr. DANIEL E. STORTINI, no vota (art. 125 de la L.O.).
                        Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal, RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide y elevar el monto de condena a la suma de PESOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS ($ 40.300) con más los intereses fijados en la instancia anterior; 2) Mantener la imposición de costas realizada en la sede anterior, así como también los porcentajes de honorarios asignados a la representación letrada de las partes y los peritos actuantes en autos, todos ellos a calcularse sobre el nuevo monto de condena comprensivo de capital e intereses; 3) Imponer las costas de alzada a las demandadas objetivamente vencidas (art. 68 del CPCCN), y 4) Regular los honorarios de la dirección letrada del actor y de las codemandadas Jefatura de Gabinete de Ministros y de La Caja ART S.A., en el 25% respectivamente para cada uno  de ellos de lo que les corresponda percibir por su actuación en grado (art. 14 de la ley arancelaria).
                        Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Ante Mí.
Ms.

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