Ruidos Molestos

La Justicia mendocina condenó a una mujer a indemnizar a dos vecinas con casi $15.000 por daños al considerar que fueron “abusivas” las reiteradas denuncias que les realizó por ruidos molestos. “Las acciones que la demandada imputó a las actoras eran actos normales de la vida cotidiana que deben tolerarse”, afirmó la Cámara.
En Mendoza, a los tres días del mes de Septiembre de dos mil doce reunidos en la Sala de Acuerdos, los Sres. Jueces de esta Excma. Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas de Paz y Tributario, trajeron a deliberar para resolver en definitiva los autos Nº 84652/33943 “Metz, Susana y ots. c/ Ferraris, María Carolina p/ daños y perjuicios” y sus acumulados, originarios del Decimo Quinto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial, venidos a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 437 por la parte actora contra la sentencia de fs. 424/427.

Llegados los autos al Tribunal se ordenó expresar agravios a la apelante, lo que se llevó a cabo a fs.453/461.

Corrido traslado de los fundamentos del recurso interpuesto a la contraparte, a fs. 469/474 contesta la demandada apelada quedando la causa en estado de resolver.

Practicado el sorteo de ley quedó establecido el siguiente orden de estudio: Dres. Mastrascusa, Staib, Colotto.

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 160 de la Constitución Provincial y 141 del CPC, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN:

¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN:

Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA MASTRASCUSA DIJO:

I. La sentencia de fs. 424/427 rechaza la acción por daños y perjuicios intentada por las Sras. Susana Metz y Ana Paula Andrewartha Metz en contra de la Sra. María Carolina Ferraris solicitando las primeras que se condenara a la accionada al resarcimiento de los daños y perjuicios que les habían causado las denuncias y planteos administrativos realizadas en su contra por la demandada ante la Justicia de Faltas y la Municipalidad es apelada por las accionantes, solicitando la revocatoria de la sentencia y la admisión de la demanda.

Al fundar su recurso las apelantes señalan que la demanda promovió 11 denuncias contra ellas por supuestos ruidos molestos las que llegaron a ser juzgadas en sede contravencional absolviéndose a su parte a veces por el beneficio de la duda, a veces lisa y llanamente.

Expresan que la Sra. Juez a quo se extiende en generalidades sin atender al material fáctico introducido en la causa por los medios probatorios existentes, y que resulta esencial para dirimir la controversia.

Luego de reseñar los argumentos por los que la sentencia rechaza la demanda, así como los principales antecedentes de la causa, se agravia en primer lugar de la arbitrariedad de la sentencia en tanto confunde conceptos jurídicos básicos, restringiendo así la pretensión introducida en la demanda. Ello por cuanto la sentencia rechaza la demandada sosteniendo que la acción no puede proceder al no haberse acreditado malicia de parte de la demandada.

Expresa que la Sra. Juez a quo malinterpretó la causa petendi pues la situación de hecho invocada fue la multitud de denuncias formuladas contra las actoras y el consecuente daño causado por violación a la intimidad y por la violencia de verse sometidas a un voluminoso proceso contravencional que acumuló once causas. Argumenta que se citaron los artículos 1068, 1070, 1071 bis, 1072, 1076, 1078, 1090, 1109 del Código Civil y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Expresa que por ello, la Sra. Juez circunscribió en forma injustificada los hechos a la malicia o temeridad, aunque advierte que a su juicio igualmente se encuentran probados.

En segundo lugar se agravia por cuanto a su juicio de los elementos probatorios existentes en la causa surge también que la demandada actuó con malicia o temeridad. Dice que la sentencia no explica por qué estima que este elemento volitivo no aparece probada. Señala que por el contrario, analizando la prueba traída al proceso surge la malicia o al menos la culpa grave de varios elementos probatorios, a saber: a) que la propia demandada sostuvo ante la policía que realizó las denuncias para perjudicar a las actoras (fs. 111); b) que un testigo ofrecido por la demandada reconoce que ella filmaba a las actoras sin que estas lo supieran (fs. 331). Expresa que aún desconociéndose los fines no puede menos que pensarse en una grosera intromisión en el derecho a la intimidad, sin que pueda descartarse que lo hacía para justificar nuevas denuncias; c) la policía realizó 6 encuestas ambientales y los entrevistados afirmaron no haber sido perturbados nunca por ruidos molestos de parte de la Sra. Metz y sus hijas, lo que sólo puede hacer pensar que si ninguno de los habitantes del consorcio escuchó ruidos molestos, la demandada no puede haberlos escuchado tampoco; d) ha quedado probado que la demandada denunciaba por ruidos molestos y luego se acreditaba que no estaba en su casa al momento en que afirmara existían tales ruidos; e) la demanda hizo denuncia para Nochebuena y cumpleaños, lo que demuestra una falta absoluta de tolerancia para vivir en comunidad.

Indica que la sentencia no tuvo en cuenta ninguna de estas circunstancias.

Agrega que las denuncias también manifiestan esa malicia o temeridad, pues en la causa 117.823 en la que la demandada denuncia exclusivamente a la Sra. Metz por ruidos molestos, se probó mediante el certificado pertinente que a la hora señalada en la denuncia la Sra.Metz estaba dictando clase en la cátedra de Recursos Humanos en la Universidad del Aconcagua, lo que demuestra que la denuncia fue falsa y maliciosa.

Afirma que en la causa N°118267 denunció a la Sra. Metz por haber realizado un baile en la entrada del consorcio, entre las 10 de la noche y las cinco de la mañana el 24 de diciembre de 2005, imposibilitando su descanso. Pero señala que la sentencia de ese proceso da cuenta de que la mesa fue colocada frente al departamento de la ciudadana Verdugo que no se encontraba presente ni hubo quejas tampoco por parte de Bassa o Suarez. Agrega la sentencia que se observan diferencias entre lo denunciado y lo reconocido ante el Tribunal pues la Sra. Ferraris manifestó en la audiencia no haber estado esa noche en su casa y no recordar si había llegado a las cuatro o a las cinco de la mañana, constatando en ese momento que había gente en el lugar. Señala que esto prueba el dolo de la demandada.

Luego transcribe un informe policial redactado en la causa N°118417 en el que la Sra. Ferraris habría manifestado al policía que acudió al inmueble a su pedido que iba a seguir denunciando a la Sra. Metz y a su hija que ya tenía 18 años de edad y que ella sabía que esto la perjudicaría ya que v a empezar la faculta y no va a poder sacar el certificado de buena conducta. Señala que ello demuestra la intención de dañar por parte de la demandada y que no fuera considerada en la sentencia.

Luego refiere los hechos denunciados en el expediente N° 121201, señalando que quedó probado que ese día la Sra. Metz festejaba su cumpleaños en el interior de su departamento, que era sábado y que la Sra. Ferraris no se encontraba en su domicilio, todo lo cual fue receptado en la sentencia, lo que prueba la malicia en la conducta de la demandada. Agrega que la denuncia se formuló varios meses después y que en esa ocasión el testigo López relató que filmaron junto con Ferraris a las actoras sin su consentimiento.

Concluye que las denuncias se realizaron días después de los hechos que se invocaran lo que prueba falta de daño producido por las actoras así como una intolerancia grave pues se realizaron por ruidos molestos coincidentes con fines de semana cumpleaños, fiestas de fin de año y en época de verano que ningún vecino oyó ni se sintió molesto.

Agrega que las denuncias son vagas, genéricas y contradictorias y que del proceso ha resultado probada ampliamente una clara actitud persecutoria por parte de la demandada hacia las actoras, quienes por el contrario concurrieron a dos audiencias de conciliación con el fin de poner su mejor voluntad para la convivencia, siendo que la denunciante no concurrió.

Afirma que por ello ha quedado demostrado que la Sra. Ferraris actuó en forma ilícita con la intención de dañar y produciendo en forma efectiva un daño material y moral para las actoras, vulnerando la obligación de la normal tolerancia en las relaciones de vecindad respecto a éstas, dado que todos los hechos que denunció eran normales y usuales, y sin embargo no denunció a ningún otro vecino por las mismas circunstancias.

Expresa que el perjuicio era evidente pues llegó un momento en que nada se pudo festejar por cuanto siempre llegaba la policía al edificio.

Luego hace referencia a los requisitos de la responsabilidad de la demandada señalando que aún cuando haya discusión sobre el presupuesto subjetivo, en el caso se ha probado el dolo y la culpa grave, o en definitiva de la culpa simple. Cita doctrina y jurisprudencia y afirma que la culpa del denunciante o acusador quedará evidenciada cuando se advierta que se excedieron los fines en cuyo interés se ha acordado la posibilidad de acusar, lo que en el caso se pone de manifiesto ante una incriminación formulada sobre bases inconsistentes (9 denuncias sin fundamento alguno) o con omisión de elementales actos de comprobación de la verdad de los hechos, o cuando la denuncia se revela como un mero instrumento para denigrar o menoscabar al afectado.

Finalmente se refiere en forma específica a los daños sufridos por las actoras y a la relación de causalidad entre la conducta de la demandada y el daño sufrido.

A fs. 459/473 la parte demandada recurrida contesta el recurso solicitando su rechazo por las razones que doy por reproducidas en mérito a la brevedad.

II. Adelanto que creo que la cuestión planteada en estos autos, de ninguna manera puede encuadrarse en el art. 1090 del Código Civil, error en el que incurre, sólo mediante una cita de derecho la parte actora, pero en la que se deriva la mayor parte de las argumentaciones de la sentencia de primera instancia, así como las de la demandada a la hora de contestar el recurso.

El art. 1090 del Código Civil nada tiene que ver en el caso de autos, pues para que pueda verificarse un supuesto de acusación calumniosa (y por consiguiente haya que analizar los requisitos de tal ilícito civil), es imprescindible que la acusación o acusaciones de las que se trate tengan por objeto denunciar la comisión de un delito de acción pública o presentar el hecho como si lo fuera, lo que deja completamente excluidas de la norma las denuncias de faltas y contravenciones que constituyen los hechos invocados en autos. (cfr. Belluscio Zannoni, Código Civil comentado y anotado, tomo 5. Pág.256).

Hay que tener presente que la denominada causa petendi o simplemente causa de la pretensión ejercida en la demanda, consiste en un complejo circunstancial compuesto no solamente por el título que se invoca para recurrir a la justicia sino también por el hecho jurídico propulsor de una situación antijurídica que se trata de remediar por la demandada. (Cfr. Carlo Carli, “La demanda civil”,Lex. La Plata, 1977, pags. 191 y 210).

En realidad, y más claramente como lo aclara el autor citado más adelante, la noción procesal de causa está referida al hecho jurídico que se invoca como fundamento de la pretensión. La complejidad a la que se ha hecho referencia, resulta de dos elementos que integran el concepto: a) la afirmación de la existencia de una relación jurídica y b) un interés en obrar.

En el caso de autos, la relación invocada por la actora es la típica de una relación extracontractual de vecindad. El interés en obrar o las circunstancias que generan la pretensión, se identifican por la calidad de damnificadas que invocan las accionantes, dada la actitud persistente y maliciosa de la demandada de denunciarlas ante organismos judiciales (Justicia de Faltas) y administrativos, con el fin de obstruir su derecho a la intimidad y al desarrollo normal de su plan de vida, afectando su honor y su tranquilidad.

Mientras se mantenga como base de la pretensión esta relación de hechos enunciada en la demanda, la calificación del derecho corresponde al Juzgador, pues de poco serviría el derecho de acceso a la jurisdicción, hoy en día, si bastara para que se rechazara la demanda que se invocara entre tantos un artículo de un código que no corresponde al caso, o si no se invocara ninguno.

Por lo demás en el supuesto de autos, las actoras han señalado que su derecho a la indemnización deriva del art.1071 (ejercicio regular y abusivo de los derechos) 1071 bis (derecho a la intimidad, mortificación en los sentimientos o costumbres, intromisión en la vida personal o familiar, etc), y otras normas genéricas de responsabilidad extracontractual con factores de atribución subjetivos calificados como culpa o dolo.

De tal modo si la cuestión planteada en autos se analiza correctamente debe empezarse por establecer cuáles son los parámetros que el derecho establece para prevenir o solucionar los conflictos en la relación de vecindad.

Todas las legislaciones establecen de un modo u otro que los vecinos deben soportarse mutuamente en tanto y en cuanto no excedan ciertos parámetros que la propia ley fija.

De tal modo, la regla o principio general es que la vida en común impone el deber de soportar al otro, pues la tolerancia es la condición misma de la vida en sociedad, ello, sin perjuicio de que existan límites puesto que de no establecerse ninguno la convivencia resultaría imposible.

Como indican la mayoría de los autores que tratan el tema, la cuestión más importante en esta materia es que el establecimiento de esos límites sea lo más justo y equitativo posible, para poder articular del mejor modo los aspectos negativos y positivos del derecho de dominio en esta manifestación.

En nuestro ordenamiento jurídico, estos límites han sido fijados por normas que contienen más bien un estándar jurídico.

Así el art. 2618 del Cód. Civil que, después de la reforma de la ley 17.711 establece lo siguiente:”Las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque mediare autorización administrativa para aquéllas. Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la indemnización de los daños o la cesación de tales molestias. En la aplicación de esta disposición el juez debe contemporizar las exigencias de la producción y el respeto debido al uso regular de la propiedad; asimismo tendrá en cuenta la prioridad en el uso. El juicio tramitará sumariamente”.

También el art. 6 de la ley 13.512 impone la obligación de los consorcistas de sujetarse a las normas de la moral, las buenas costumbres y las prohibiciones del reglamento, así como establece en general el deber de abstenerse de perturbar con ruidos o de cualquier otra manera la tranquilidad de los vecinos.

Se discute en doctrina si en el caso de la propiedad horizontal, la normal tolerancia debe tener un contenido un poco más restringido o más flexible, en ambos casos, aludiéndose a que las condiciones de la vecindad son más cercanas. Ello, a mi juicio, no implicaría más que tener en cuenta las condiciones del lugar, tal como lo indica la norma, por lo que en definitiva lo que debe tratar de definirse es el standard de normal tolerancia.

Para parte de la doctrina y la jurisprudencia, debe apreciarse la normal tolerancia desde un punto de vista objetivo, lo que implica la exclusión de las circunstancias estrictamente subjetivas del conflicto. Así se ha sostenido que “la cuestión no es matemática, pues su evaluación se hace sobre elementos de relativa apreciación, y debe hacerse de manera que se tome como cartabón a una persona normal y exenta de deficiencias psíquicas o auditivas, sin considerar la edad y otras circunstancias personales, pues en tal caso habría que tomar en cuenta a cada persona en particular lo que es contrario al establecimiento de criterios o reglamentaciones abstractas.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D;Fortunato, José M. y otros c. El Hogar Obrero Coop. de C. E. C. L. • 17/03/1989 ; LA LEY 1990D , 145;Cita online: AR/JUR/70/1989

Andorno haciendo una recopilación de las distintas ideas vertidas por autores nacionales y franceses, indica que se ha opuesto a tal criterio objetivo tres eventuales razones de “relatividad”, a saber: 1) la ubicación del inmueble (por ejemplo si está destinado a vivienda o es de destino comercial; si está en zona industrial o en zona residencial, etc.) , 2) la actividad desarrollada por el damnificado (un músico o un tornero, por ejemplo) y 3) la receptividad personal del afectado.

Todos descartan el último de los criterios, por ser completamente contrario al fin de la regulación de las relaciones de vecindad. Es obvio que una persona hipersensible no podía reclamar que la vida cotidiana de los demás se adaptara a sus necesidades sin respetar las necesidades más comunes de los otros.

En general, se ha dicho que es necesario buscar un patrón objetivo para todo tipo de inmisiones, “ninguna fórmula rígida sería bastante y adecuada”: porque los supuestos son tan innúmeros y variables que impiden una “tabulación” exacta. Es por esta razón que nuestra jurisprudencia ha debido establecer directivas, configuradas no sólo por la intensidad y continuidad de las molestias, sino también por su naturaleza, frecuencia, y según las características de las zonas en cuestión, los usos tolerados en ellas y teniendo en cuenta las épocas y la evolución social y económica” (Spota, Alberto G., “La responsabilidad objetiva en el derecho de vecindad”, Rev. LA LEY, t. 39, p. 166.).

En definitiva concluye el autor que hay que acudir al estándar jurídico de la racionalidad, aunque por mi parte prefiero hablar con más precisión en materia jurídica de razonabilidad.

En definitiva, lo que quiero precisar, con relación al caso, es que las relaciones de vecindad tienen como norma general dirigida a posibilitar la convivencia armónica la regla de la normal tolerancia. Si éste límite se sobrepasa, el ordenamiento jurídico otorga a los damnificados distintas opciones de reacción para hacer cesar los daños provocados por la vecindad, desde las normativas de faltas y contravenciones, hasta acciones de responsabilidad civil.

La cuestión en el caso de autos, reside en preguntarse si la demanda utilizó estas vías que el ordenamiento jurídico provee al vecino para evitar daños a su tranquilidad, en situaciones de tal naturaleza que era razonable acudir a ellas o si por el contrario ejerció el derecho conferido por el ordenamiento jurídico en forma irregular o abusiva.

Surge de las constancias de estos autos y de la prueba documental aportada por ambas partes, que el inmueble en el que habitan actoras y demandadas es un edificio de una sola planta sometido al régimen de propiedad horizontal, ubicado en la calle Clark 729 de la ciudad de Mendoza, habitando las actoras en el departamento D y la demandada en el departamento E.

Los expedientes labrados en sede del Juzgado de Faltas, han sido acompañados en fotocopias. Se trata de seis causas que fueron acumuladas y resueltas en una sentencia única. Cada causa corresponde a una o más denuncias realizadas por la demandada a la Sra. Metz o a esta y su hija, por violaciones a los incisos b y c del art. 49 del Código de Faltas, los que textualmente prescriben: “TITULO II. FALTAS CONTRA EL ORDEN PUBLICO : De la turbación de la tranquilidad pública y privada:.Artículo 49 – Será reprimido con arresto de hasta diez (10) días o multa de hasta un mil (1000) pesos;.b) El que, con gritos o ruidos, o abusando de instrumentos sonoros, o no impidiendo estrépito de animales, o ejercitando un oficio ruidoso en forma notoriamente abusiva o contrario a los reglamentos, perturbare las ocupaciones o el reposo de las personas;(Texto según Decreto Ley 1944/74, art.6).c) El que, en lugar público o abierto al público, o por medio del teléfono, por petulancia u otro motivo reprochable, causare molestias o perturbaciones a alguien.”

La sentencia es absolutoria en todas las causas, conforme surge de fs. 94 del expediente acompañado en copias certificadas.

Las denuncias se realizaron entre el 21 de octubre de 2005 y el 3 de octubre de 2006, y la sentencia absolutoria se dictó el 7 de diciembre de 2006.

En la mayoría de los casos la demandada denuncia en sede policial a las actoras por haber puesto música muy fuerte, por haber hablado a los gritos, por secar con un secador a los perros, por utilizar el patio común para celebrar cumpleaños o la fiesta de nochebuena.

En algunos casos, la demandada se ha quejado de que no se le requiera permiso para utilizar el patio común, como en la fiesta de nochebuena.

En otros se queja de que no la dejan descansar o trabajar.

En muchas denuncias dijo haber llamado en la ocasión al N° “101″, lo que en definitiva hizo acudir a la policía al edificio común, en varias oportunidades, tanto para realizar constataciones luego de las denuncias, o para notificar del proceso de faltas instaurado en su contra a las actoras, quienes en cada caso debieron concurrir a prestar declaración indagatoria.

Tanto de las constancias de los expedientes acumulados en el Juzgado de Faltas, cuanto de la sentencia recaída en los mismos, surge que la primera denuncia de ruidos molestos (música, etc) entre las 14:30 y las 16:30 hs. fue descartada por la sentenciante por cuanto se produjo prueba en el sentido de que la Sra.Metz estuvo ese día y a esas horas

dictando un curso en la Universidad del Aconcagua, a cuyo fin aportó certificación de la entidad educativa.

La denuncia referida a una fiesta de nochebuena que habría durado entre las diez de la noche y hasta la cinco y treinta de la mañana, ubicando la mesa en el patio común de uso común del edificio, fue descartada por la magistrada interviniente, tanto por cuanto la denunciante no se encontraba en el edificio común y llegó sólo a eso de las cuatro o cinco de la mañana, como declaró ante el Tribunal, sino por cuanto además se trataba de una fecha especial como lo son las fiestas de fin de año.

En la tercer causa, también habiendo la demandada denunciado a sus vecinas por tener música a alto volumen y molestarla, se decidió absolver a las aquí actoras por cuanto el oficial que realizó la encuesta ambiental sólo constató que la persona que tenía puesto música muy fuerte en su departamento era la propia Sra. Ferraris, quien además dijo al policía a través del portero eléctrico que seguiría denunciando “a propósito” a las actoras y en especial a la hija de la Sra. Metz por cuanto ello la perjudicaría para obtener el certificado de buena conducta.

Las siguientes dos causas referidas a ruidos molestos en horario de la siesta y a insultos supuestamente proferidos por la Sra. Metz, también fueron descartados por falta de todo elemento probatorio, siendo que además la propia denunciante no recordaba de qué forma la habría insultado la Sra. Metz al momento de la audiencia.

En la última de las causas, la primera de las denuncias referidas a una reunión realizada en la casa de la Sra. Metz, en la que la Sra. Ferraris afirmara que estaban las puertas abiertas y había gente en el patio común, la Sra.Juez de Faltas absolvió a las imputadas por tratarse de un sábado por la noche no extendiéndose los festejos sino hasta la una, lo que afirmara la propia denunciante, y además por cuanto la misma no se hallaba en su casa, sino que vio a la gente cuando llegó a su casa luego de haber salido con un amigo.

En cuanto al hecho consistente en los ruidos que habrían realizado la hija de la Sra. Metz y un compañero mientras secaban a sus perros con un secador provocando el ladrido de los animales, la sentenciante también descarta la acusación por cuanto la denunciante estaba en su casa con una compañera haciendo un trabajo, esta persona manifestó al Tribunal que se asomaron a la ventana a mirar pero que no dijeron nada a los chicos, ni les advirtieron de forma alguna que el ruido les molestara, y además que el trabajo que estaban haciendo fue concluido sin inconvenientes y presentado oportunamente.

Finalmente y en lo que hace a la denuncia referida al festejo del cumpleaños de Ana Paula Andrewartha en el patio común, lo que quedó plasmado en un acta notarial requerida por la denunciante, presentándose la escribana a las 21:40 horas, la sentenciante ha destacado que la denunciante se queja en este caso de no haber sido requerido su permiso para la realización del acto en un lugar común, y que luego de leído el reglamento de copropiedad no aparece como necesario tal requisito, por lo que absolvió por la duda.

De la demás prueba rendida en la causa y de las declaraciones de los testigos en los procesos ante el Juzgado de Faltas, surge por otra parte que la Sra. Metz y su hija eran consideradas por los vecinos del consorcio como personas normales, con una convivencia normal y que no provocaban disturbios ni intranquilidad, mientras que respecto a la Sra. Ferraris, los Sres. Basa, Merfa, y Verdugo señalaron su carácter ansioso y su actitud problemática en la vecindad. Igualmente declararon haber compartido las reuniones por las que fue acusada la Sra. Metz. La Sra. Verdugo dijo respecto de la demandada que “cuando empieza con un problema la sigue y la sigue y uno no sabe en qué puede terminar”. Todos agregaron respecto de las partes comunes que Susana (la Sra. Metz limpia las mismas y la Sra. Teresita hace limpiar la parte de adelante).

En esta causa, la Sra. Villegas, señaló aspectos similares a lo dicho por los otros integrantes del consorcio en el proceso de faltas, y además se produjeron declaraciones de amigos de Ana Paula que estuvieron en su cumpleaños, cuando asistió la escribana, las que manifestaron que el cumpleaños era en el interior del departamento pero que las personas que fumaban, salían a hacerlo afuera, lo que es a todas luces adecuado.

De todo lo expuesto concluyo que, en primer lugar, tanto de la naturaleza de los hechos denunciados por la Sra. Ferraris en sí mismos, cuanto de las pruebas colectadas en la causa surge que las acciones que la demandada imputó a las actoras eran actos normales de la vida cotidiana que deben tolerarse, y mucho más entre vecinos de una misma edificación de propiedad horizontal como la que habitaban en ese momento ambas partes.

Ello implica afirmar que ninguna de las conductas atribuidas a las actoras por la demandada en sus denuncias excedía el standard de la normal tolerancia, y por lo tanto debía ser soportada por la denunciante en función de la convivencia pacífica.

Las acusaciones referidas a la joven Ana Paula, además carecen de toda gravedad, y son hechos absolutamente normales a los que tiene derecho como toda niña o adolescente.

Lo relativo al uso de los espacios comunes de uso común, como el patio de ingreso, no ha sido por parte de la Sra. Ferraris debatido por la vía propia. En efecto, la ley 13512 enumera en su art. 2° como partes comunes:a) los cimientos, muros maestros, techos, patios solares, pórticos, galerías y vestíbulos comunes, escaleras, puertas de entrada, jardines; b) los locales e instalaciones de servicios centrales, como calefacción, agua caliente o fría, refrigeración, etc.; c) los locales para alojamiento del portero y portería; d) los ascensores, montacargas, incineradores de residuos y en general todos los artefactos o instalaciones existentes para servicios de beneficio común.

La misma norma aclara que la enumeración no tiene carácter taxativo y agrega que tanto sótanos como azoteas revestirán el carácter de comunes salvo convención en contrario.

Al reglamentarse la ley 13.512 por el decreto 18.734 del 6 de setiembre de 1949, se determinó que en la redacción del Reglamento de Copropiedad y Administración debía consignarse una enumeración de las cosas comunes y correspondientes servicios, así como el uso a que se las destinaría.

El reglamento de copropiedad acompañado el patio de ingreso no figura en el art. 4°, pero sí está especificado que es superficie común de uso común en el art. 2° in fine. Lo que el reglamento no contiene es norma alguna para que el uso permitido a todos los consorcistas de ese patio común de beneficio común sea armónico, y no existan conflictos o superposiciones.

De todos modos, rige entonces la regla general, conforme a la ley 13.512 (art. 3°) de la que resulta que los condóminos pueden utilizar esos espacios comunes ciñéndose a los siguientes requisitos: a) utilización conforme con su destino; b) sin perjudicar, o c) sin restringir el legítimo e igual derecho de los otros titulares de dominio en el inmueble indicado.

Si en todo caso, alguna cuestión relativa a los espacios comunes de uso común le molestaba a la demandada (pese a que parece existir consentimiento tácito de los demás consorcistas y que incluso ella misma lo hubiera dado en forma expresa si nos atenemos a las constancias del proceso de faltas), lo que debió hacer la Sra. Ferraris es convocar a una reunión de copropietarios e intentar establecer normas reglamentarias de disfrute o goce de los espacios comunes de uso común. Lo que no debió hacer, en cambio, y fue justamente lo que hizo, es denunciar por ese hecho a las actoras ante la policía y promover un proceso ante la Justicia de Faltas, lo que obviamente era la vía no sólo más ineficiente e inadecuada, sino la más gravosa para las actoras.

Nuestro derecho sanciona el ejercicio irregular o antifuncional de los derechos en el art. 1071 del Código Civil. La figura se verifica cuando quien ejercita un derecho del cual es titular, lo hace con desviación de los propósitos o fines que por los que el ordenamiento jurídico ha reconocido tales derechos subjetivos.

En el caso de autos, re sulta más que evidente que la demandada ha incurrido en un ejercicio abusivo de su derecho a reaccionar frente a eventuales perturbaciones de sus vecinos, en primer lugar, por cuanto reaccionó en forma desmedida frente a situaciones que la moral y los usos sociales ven como normales y adecuadas a las circunstancias, como son los festejos de fechas especiales como la fiesta de navidad y los cumpleaños, en días adecuados y en circunstancias razonables.

En segundo lugar por cuanto como se ha visto muchas de sus denuncias resultaban inútiles a su interés objetivo, pues en la fiesta de navidad la demandada no se encontraba en el complejo habitacional, o en numerosos casos, no se pudo comprobar la existencia de los supuestos ruidos molestos.

En tercer lugar, por cuanto su intención de dañar no sólo se puede colegir de la actitud persistente y casi permanente en un año de tratar de impedir que las actoras (y los demás miembros del consorcio) desarrollaran su vida de una manera normal, activando la función policial y la jurisdiccional por hechos inexistentes o insignificantes, sino por cuanto además, y lo que resulta más importante, eligió la vía más gravosa para sus víctimas. En efecto, la aquí demandada pudo optar si efectivamente consideraba en alguno de los casos que se le ocasionaba algún perjuicio (lo que en definitiva no demostró), en primer lugar por las advertencias directas y personales de rigor, y en segundo lugar, por las vías propias que habilitan a cada comunero de un inmueble de propiedad horizontal, reuniendo al consorcio, y buscando soluciones pacíficas. La vía de la denuncia policial y la persecución persistente en la justicia de faltas, no hace más que corroborar lo manifestado por la propia denunciante a un oficial de policía y que recogiera la Sra. Juez de Faltas en su sentencia, cuando manifestó que hacía las denuncias “a propósito” y con el principal designio de perjudicar a Ana Paula que había cumplido 18 años y no podría obtener el certificado de buena conducta por tales situaciones.

Estimo igualmente que el daño ocasionado a las actoras es lo suficientemente grave como para generar responsabilidad civil en la demandada, toda vez que las víctimas de su asedio han debido soportar por más de un año citaciones policiales, la obligación de prestar declaración indagatoria, la necesidad de buscar asistencia jurídica profesional, y pasar por un juicio de faltas con seis causas acumuladas. Ello sin contar con las bochornosas situaciones de estar festejando sus cumpleaños y tener que recibir en el medio de la reunión la visita de una escribana o de la policía. Del mismo modo entiendo que la situación que tales denuncias provocaban en las víctimas, dentro del ámbito de su vida social era intranquilizante, así como también acuerdo con la parte actora cuando señala que el simple hecho de ser citado por la policía e imputado aunque sea en un proceso de faltas genera una situación de estigmatización que no se corrige con la mera absolución posterior.

Todo ello, estimo, ha perjudicado gravemente en su tranquilidad, intimidad y proyecto de vida a las actoras al menos durante el año y meses que duró la situación de denuncias y hasta la sentencia, lo que habilita la acción por indemnización de daños que se ha interpuesto y la torna procedente.

Las accionantes han reclamado la suma de $6.500 para cada una de ellas en concepto de daño moral, indicando que han estimado la suma al momento de la presentación de la demanda.

Las razones expuestas en el párrafo anterior, así como la declaración del testigo de fs.295, que relató que la Sra. Metz durante el tiempo que duraron los incidentes requirió psicoterapia, y medicación antidepresiva y ansiolítica, y la pericia psicológica de fs. 377//378 que revela un estado de trastorno adaptativo en la Sra. Metz y de personalidad evitativa en su hija Ana Paula (luego redefinidas como sensación de agobio, de persecución, de falta de mantener relaciones en su vida socio afectiva a fs.385) todo reversible pero producto de la situación vivida a causa de las denuncias policiales y los conflictos sostenidos con la actora, me parecen suficientes para otorgar a cada una de las actoras la suma de $6.000 a la fecha de la sentencia de primera instancia, en concepto de indemnización del daño moral causado, debiendo calcularse los intereses a la tasa del 5% anual desde la fecha de la primera denuncia y hasta la de la sentencia de primera instancia, y de allí en adelante a la tasa activa cartera general del Banco de la Nación Argentina.

En cuanto al rubro daño material consistente en los honorarios profesionales que debieron afrontar para su asistencia no sólo en la vista de causa, sino durante el año en el que se tramitaron las denuncias ante el Juzgado de Faltas, son lógica y directa consecuencia del accionar de la demandada, la que como se dijo actuó abusivamente pues aún si alguna molestia le causaban sus vecinas debió en forma previa acudir a las vías menos gravosas y más idóneas para la solución de los conflictos aquí ventilados. El rubro procede por la suma de $2.400 y los intereses deben calcularse a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, desde la fecha de la factura y hasta su efectivo pago.

Por lo expuesto, estimo que el recurso debe progresar en su totalidad, revocándose la sentencia y acogiéndose la demanda por la suma de $ 14.400 con sus accesorios.

Sobre la primera cuestión voto entonces por la negativa.

Sobre la primera cuestión los Dres. Staib y Colotto adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION LA DRA MASTRASCUSA DIJO:

VI. Las costas de Alzada deben ser impuestas a la demandada apelada por resultar vencida (art.36 del C.P.C).

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. Staib y Colotto adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Mendoza, 03 de Septiembre de 2012

Y VISTOS:

El acuerdo que antecede, el Tribunal

RESUELVE:

I. Admitir el recurso de apelación articulado por la parte actora y en consecuencia revocar los dispositivos 1°, 2° y 3° de la sentencia de fs. 424/427 los que en definitiva dispondrán:

“1. Hacer lugar a la demanda interpuesta por Susana Metz y Ana Paula Andrewartha Metz contra María Carolina Ferraris y en consecuencia condenar a ésta última a pagar a las primeras dentro de los diez días de quedar firme la presente resolución, la suma de catorce mil cuatrocientos pesos ($14.400) con más los intereses establecidos para cada rubro en los fundamentos de la presente resolución.”

“2. Imponer las costas a la parte demandada”.

“3. Regular los honorarios de los Dres. Ignacio Boulin Victoria, Alejandro Boulin, Carlos Ignacio de Casas, Juan Pablo Vallone, Marcos Sebastián Vallone, Luis García Garavano y Sergio F.J. Catania en las sumas de . ($.), . ($.), . pesos ($.), . ($.), diecinueve pesos con veinte centavos ($.), . centavos ($. centavos ($565,48), respectivamente y sin perjuicio de las regulaciones complementarias que puedan corresponder(arts.2,3,4,13 y 31 LA).”

II. Imponer las costas de Alzada a la demandada apelada.

III. Regular los honorarios de los Dres. Juan Pablo Vallone, Alejandro Boulin, Mauricio Martínez en las sumas de . ($.), . ($.) y . ($.), respectivamente y sin perjuicio de las regulaciones complementarias que puedan corresponder (arts.2,3,4,15 y 31 LA).

Notifíquese y bajen.

Dra. Graciela Mastrascusa

Juez de Cámara

Dr. Alberto Staib

Juez de Cámara

Dr. Gustavo Colotto

Juez de Cámara

Dra. Roxana Alamo

Secretaria de Cámara

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