Despido ilegitimo a un empleado rural

Un Alto Tribunal provincial ordenó la indemnización a un empleado rural de la Aceitera General Deheza por despido. Aunque la firma invocó causal de abandono de trabajo, se comprobó que el dependiente estaba enfermo. “El abandono de trabajo según está concebido en la Ley de Contrato de Trabajo no existe en el régimen rural”, señaló el fallo.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revocó una sentencia de Cámara y admitió la demanda por despido ilegítimo de un dependiente de la Aceitera General Deheza que había sido desvinculado por supuesto abandono de trabajo. En la causa se acreditó que el hombre se ausentó por enfermedad y se determinó que la causal invocada por la empleadora no era aplicable al régimen de trabajo rural.

De modo puntual, la Sala Laboral del Alto Tribunal afirmó que el dependiente no estaba en condiciones de trabajar, por razones de salud, por lo que el empleador no pudo “considerarlo incurso en abandono o incumplimiento, pues no había elemento subjetivo del que se pueda inferir que el ánimo del accionante era el de no reintegrarse a sus tareas”.

La decisión fue tomada por los magistrados Luis Rubio, Carlos García Allocco y Mercedes Blanc de Arabel, quienes también indicaron que “el abandono de trabajo según está concebido en la Ley de Contrato de Trabajo no existe en el régimen rural, de allí que las intimaciones de reintegro cursadas por la accionada no tienen igual efecto que respecto del artículo 244 de la ley citada, cuyo vencimiento lo configura”.

En el caso, un dependiente de la empresa Aceitera General Deheza S.A. interpuso una demanda laboral para ser indemnizado por despido, pues la entidad decidió el distracto debido a que él no pudo presentarse en el establecimiento por encontrarse con licencia médica. Por su parte, la empleadora alegó que el hombre fue desvinculado por abandono del trabajo, debido a que no se presentó a prestar servicios a pesar de haber sido intimado.

Llegada la causa a su conocimiento, la Cámara del Trabajo provincial decidió desestimar la acción por despido interpuesta por el actor, pues consideró que el dependiente no informó su situación de salud. Entonces, el demandante impugnó la sentencia y acudió ante el Máximo Tribunal cordobés. Sostuvo, en particular, que el fallo carecía de fundamentación y que se había vulnerado el principio de razón suficiente.

Primero, la Sala Laboral del Alto Tribunal cordobés afirmó que “la decisión de avalar que el despido que se materializó con el despacho telegráfico del 18/11/06, a través del cual la empleadora hizo efectivo el apercibimiento consignado en la misiva del 13/11/06, carece de apoyo en las constancias de autos”.

“El marco probatorio evidencia que el tribunal no contaba con la fecha de recepción de ninguna de las misivas a los fines de demostrar el inicio del cómputo de plazos”, sin embargo, “se sabe que el intercambio epistolar comenzó con un reclamo por parte del actor, quien, además avisó de sus ausencias, con certificado médico que indicaba reposo”, precisaron los magistrados.

Dicho eso, la Corte provincial aseveró que “el sentenciante no necesitaba exigir prueba al trabajador y menos considerar que dicho acontecimiento no fue acreditado porque la recepción de la misiva de que se trata no estaba controvertida”, por lo que “no se configura el abandono de trabajo invocado”.

Acto seguido, los jueces destacaron que el abandono de trabajo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo “no existe en el régimen rural” por lo que “la intimaciones de reintegro cursadas por la accionada no tienen igual efecto”. Además, “la ausencia del actor –se reitera- no estuvo ocasionada en el ánimo de dejar el servicio y lo afirma cuando responde, señalando una enfermedad que a la postre lo justificó”, agregaron.

Por ende, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba admitió la impugnación interpuesta por el demandante y determinó procedente la indemnización por despido ilegítimo, fijando las pautas para el cálculo del monto del resarcimiento.

Fallo:

En la ciudad de Córdoba, a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil doce, siendo día y hora de Audiencia, se reúnen en Acuerdo Público los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia, doctores, Luis Enrique Rubio, Carlos F. García Allocco y M. Mercedes Blanc de Arabel, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en estos autos: “ALDERETE CARLOS ORLANDO C/ ACEITERA GENERAL DEHEZA SA. – DEMANDA LABORAL – RECURSO DE CASACIÓN” a raíz del recurso concedido a la parte actora en contra de la sentencia N° 29/10, dictada por la Cámara de Trabajo, Río Cuarto -Secretaría N° 2-, cuya copia obra a fs. 323/331, en la que se resolvió:”Primero: Rechazar en todas sus partes la demanda incoada por Carlos Orlando Alderete en contra de Aceitera General Deheza S.A. Costas a cargo de la parte vencida (Art. 28 Ley 7987).- Segundo: Regular los honorarios de los profesionales intervinientes Dr. Marcelo Norberto Cassini en la suma de pesos nueve mil trescientos.; los del perito Contador Jorge Daniel Erignolio en la suma de pesos-setecientos. arts. Ley 9459). Tercero: Ordenar que oportunamente y por Secretaría se confeccione. Costas a cargo de la parte vencida.”. Oportunamente se fijaron las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Se han quebrantado formas prescriptas bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad?

SEGUNDA CUESTION: ¿Media errónea aplicación de la ley sustantiva?

TERCERA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley resultó que los señores Vocales emitieron su voto en el siguiente orden: doctores Luis Enrique Rubio, Carlos F. García Allocco y M. Mercedes Blanc de Arabel.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA:

El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

1. El presentante por la parte actora atribuye al decisorio falta de fundamentación por no describir la prueba valorada. Refiere que se omitió la declaración testimonial del kinesiólogo, Lic. Carlos C. Gandini, quien reconoció la factura por veinte sesiones de fisioterapia entre los días 06/11/06 al 14/12/06 y declaró que padecía un proceso inflamatorio por cirugía lateral en la parte externa del pie y un esguince de grado tres que le impedía trabajar. Denuncia que el Tribunal efectuó una errónea valoración de su conducta al concluir que se verificó el abandono que invocara la accionada, conculcando las reglas de la experiencia. Afirma, que por medio de telegrama de fecha 06/11/06 avisó a la patronal la imposibilidad de ir a laborar por encontrarse enfermo, cumplimentando lo establecido en el art. 50 de la ley N° 22.248. Sostiene que el a quo vulneró el principio de razón suficiente cuando dijo que la comunicación epistolar del 16/11/06 no fue recibida por la accionada, cuando en la contestación de la demanda lo reconoció calificándola de extemporánea. Señala que las cartas documentos Nros. 826045902 y 724937759 enviadas por la empleadora el 13/11/06 y el 18/11/06, respectivamente, no tienen fecha de recepción, por lo que no hay certeza acerca del inicio del cómputo del plazo para el reintegro al trabajo. Aduce, que el Juzgador completó ilegalmente dicha prueba documental. Por último, pide se declare la inconstitucionalidad de la ley 25.972 que excluye a los trabajadores rurales del pago de la indemnización del art. 16, ley 25.561.

2. El a quo convalidó la ruptura del empleador en función de lo previsto en el art. 67, ley 22.248. Para arribar a esa conclusión reparó en que correspondía al actor demostrar que comunicó oportunamente las inasistencias de los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2006, que entregó las copias de los certificados médicos y que la demandada recibió el telegrama obrero remitido con fecha 16/11/06.Todo ello, sumado a que no individualizó razón alguna por la que se hubiere visto impedido de anoticiar su imposibilidad de concurrir a prestar servicios en los días que reconoce que no lo hizo (6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13), cuando pesaba sobre él cumplimentar dicha obligación en el transcurso de la primera jornada de trabajo (art. 50 ib.).

3. La decisión de avalar el despido que se materializó con el despacho telegráfico del 18/11/06 (CD Nº 724937759), a través del cual la empleadora hizo efectivo el apercibimiento consignado en la misiva del 13/11/06 (CD Nº 826045902), carece de apoyo en las constancias de autos.

El marco probatorio evidencia que el Tribunal no contaba con la fecha de recepción de ninguna de las misivas a los fines de demostrar el inicio del cómputo de plazos. No obstante, se sabe, que el intercambio epistolar comenzó con un reclamo por parte del actor, quien, además avisó de sus ausencias por los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2006, con certificado médico que indicaba reposo (TLC N° 63173261 – 06/11/06). También, la accionada fue anoticiada de las inasistencias de los días 9, 10, 11 y 13, en cuanto refiere haber recibido el telegrama Nº 68173263 de fecha 16/11/06, en el que consta que lo comunica, aunque la empleadora lo considerara extemporáneo (fs. 28 vta.). Tal aseveración reviste el carácter de confesión, por lo que el Sentenciante no necesitaba exigir prueba al trabajador y menos considerar que dicho acontecimiento no fue acreditado porque la recepción de la misiva de que se trata no estaba controvertida. Luego, no se configura el abandono de trabajo invocado.

El Sr. Alderete alegó que no estaba en condiciones de prestar servicios por razones de salud, es decir, expresó una justificación -que puede tener un margen de litigiosidad e incluso constituir la base de un incumplimiento relevante- pero no permite concluir que existió intención de abdicar a su puesto. En todo caso, el empleador pudo alegar estar eximido de pagar los salarios correspondientes, pero nunca considerarlo incurso en abandono-incumplimiento, pues no había elemento subjetivo del que se pueda inferir que el ánimo del accionante era el de no reintegrarse a sus tareas. Además, si la empleadora trajo dicha injuria, para evitar el pago de las indemnizaciones por el desahucio, era la que debía demostrarla. Por otra parte, conocedora del motivo de las faltas, dentro de sus facultades se encontraba la de control prevista en el art. 51, ley 22.248 y no la usó. Por ello, la rescisión deviene ilegítima.

El abandono de trabajo según está concebido en la LCT no existe en el régimen rural, de allí que las intimaciones de reintegro cursadas por la accionada no tienen igual efecto que respecto del art. 244 de la ley citada, cuyo vencimiento lo configura. En el subexamen, la ausencia del actor -se reitera- no estuvo ocasionada en el ánimo de dejar el servicio y lo afirma cuando responde, señalando una enfermedad que a la postre justificó.

4. Conforme lo expresado precedentemente en los apartados anteriores debe anularse la sentencia. Entrando al fondo del asunto (art. 105, CPT) y por las razones desarrolladas, corresponde hacer lugar a la indemnización por antigüedad -art. 76 incs. a) y b), ley 22.248- ya que el despido devino sin causa; como así también al pago de la sanción del art. 16, ley 25.561 (porcentaje según decreto 1.433/05), dado que se produjo durante el período previsto por la normativa citada. En igual sentido se pronunció esta Sala -extensión de la normativa de emergencia a los trabajadores agrarios (Sent. N° 136/10)-. Finalmente, el agravio constitucional que denuncia -ley 25.972- se vuelve abstracto atento a la decisión a que se arriba. Para calcular los rubros que proceden, deberá tomarse como base la mayor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año, la de pesos un mil quinientos cincuenta y nueve con ochenta y dos centavos ($ 1.559,82), conforme surge de lo denunciado en el libelo inicial, recibos de haberes acompañados por la demandada (fs. 48) y pericia contable (fs. 290). Para el cómputo de la antigüedad la fecha de inicio es el 01/07/02 en la que adquiere el carácter permanente en la categoría de peón rural, según dictamen obrante a fs. 289 y documental adjunta (fs. 282/285) y como momento del despido indirecto el 20/11/06 (fs. 69). Los cálculos se efectuarán en la etapa previa a la de ejecución. A fin de mantener el contenido económico del crédito, deberán adicionarse los intereses desde que es debido y hasta su efectivo pago conforme a la tasa pasiva promedio nominal mensual publicada por el BCRA con más el dos por ciento (2%) mensual (Confr. “Hernández. c/ Matricería Austral.”, Sent. Nº 39/02).

Voto, por la afirmativa.

El señor Vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo:

Coincido con la opinión expuesta por el señor vocal cuyo voto me precede. Por tanto, haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma.

La señora Vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo:

A mi juicio es adecuada la respuesta que da el señor vocal doctor Rubio a la primera cuestión. Por ello, de acuerdo a sus consideraciones, me pronuncio en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA:

El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

La solución que se adopta respecto de la primera cuestión, vuelve innecesario el tratamiento de la presente.

El señor Vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo:

Adhiero a lo expresado en el voto que antecede. Por tanto, me expido de igual modo.

La señora Vocal doctora M.Mercedes Blanc de Arabel, dijo:

Comparto la postura que propone el señor vocal doctor Rubio a la presente. Por ello, me pronuncio de la misma manera

A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA:

El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

Por el resultado de la votación que antecede, corresponde: admitir el recurso de la parte actora, y en consecuencia, hacer lugar a la indemnización del art. 76 incs. a) y b), ley 22.248 y art. 16, ley 25.561, las que serán calculadas conforme a las pautas fijadas en la primera cuestión. Con costas. Los honorarios del Dr. Luis David Reges serán regulados por la a quo en un treinta y dos por ciento de la suma que resulte por aplicación de la escala media del art. 36 ley 9.459 sobre lo que fue motivo de discusión (arts. 40, 41 y 109 ib.). Se observará lo dispuesto por el art. 27 de la citada ley.

El señor Vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo:

Estimo adecuada la solución a la que arriba el señor vocal preopinante. Por tanto, me expido en igual sentido.

La señora Vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo:

Concuerdo con la decisión expuesta por el Sr. Vocal Dr. Rubio. En consecuencia, me pronuncio en la misma forma.

Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral,

R E S U E L V E:

I. Admitir el recurso de casación deducido por la parte actora y anular el pronunciamiento.

II. Hacer lugar a la indemnización del art. 76 incs. a) y b), ley 22.248 y art. 16, ley 25.561, las que serán calculadas de acuerdo a las pautas determinadas en la primera cuestión propuesta.

III. Con costas.

IV. Disponer que los honorarios del Dr. Luis David Reges sean regulados por la Cámara a quo en un treinta y dos por ciento de la suma que resulte por aplicación de la escala media del art. 36, ley 9.459 sobre lo que constituyó motivo de discusión. Deberá tenerse presente el art. 27 de la mencionada ley.

V. Protocolícese y bajen.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el señor Presidente y los señores Vocales, todo por ante mí, de lo que doy fe.

 

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