Indemnización a los herederos de un policía mal atendido en la guardia de un hospital

La Cámara Civil y Comercial Federal admitió el reclamo indemnizatorio de los herederos de policia mal atendido en la guardia de un hospital público y, luego, tuvo un infarto. El Tribunal afirmó que, más allá del informe del Cuerpo Médico Forense, “se desperdiciaron preciosas horas”.

La Cámara Civil y Comercial Federal admitió la apelación de los herederos de un oficial de la Policía Federal –fallecido durante la tramitación del juicio- y revocó la sentencia de grado que había rechazado la pretensión indemnizatoria de los demandantes. El hombre se había presentado en la guardia de un hospital público con dolor en la espalda, pero fue enviado a su hogar, donde, luego, tuvo un infarto. La indemnización se fijó en casi 150.000 pesos.

De modo puntual, la Sala II del Tribunal de Apelaciones destacó que “no se puede soslayar el hecho de que en la guardia ni siquiera se urgió la presencia inmediata del radiólogo, decisión que quizás hubiera colaborado en la elaboración del verdadero diagnóstico” y que “se desperdiciaron preciosas horas y que esa demora se originó en la circunstancia de no contar con la atención efectiva que hubiera evitado, quizás, el posterior infarto”.

Además, los magistrados Santiago Kiernan y Ricardo Guarinoni afirmaron que “los antecedentes de hecho del caso involucran un proceso en el que, si bien han concurrido factores de riesgo propios del paciente, la situación real es que si no se hubieran cometido las señaladas omisiones que resultaron groseras, tal vez se hubiera podido advertir la gravedad de la afección sufrida por la víctima y conjurar el peligro que corría su vida”.

En el caso, un agente de la Policía Federal, interpuso una acción por daños contra el Estado Nacional y la institución de la que era parte. El actor indicó que, mientras prestaba servicios, sufrió un fuerte dolor de espalda por lo que acudió a la guardia de un hospital público. En dicho establecimiento, lo enviaron de vuelta a su casa, sin detectar ningún problema serio. Luego, el oficial tuvo un infarto, que le dejó secuelas. Reclamó más de 800.000 pesos de indemnización.

Sin embargo, el juez de primera instancia rechazó la acción por daños, pues consideró que el infarto sufrido por el demandante estuvo influido por diversos factores de riesgo, propios del paciente, tales como: tabaquismo, obesidad, vida sedentaria, etc. Esta sentencia fue apelada por los herederos del agente de la Policía Federal, quien falleció durante la tramitación del juicio.

Para comenzar, la Cámara Civil y Comercial manifestó que “la carga de probar la culpa de los demandados recae sobre los actores, sea que el caso se encuadre dentro de la responsabilidad aquiliana o ya fuere que se lo emplace en el terreno de la responsabilidad contractual”.

No obstante, “en muchas hipótesis el demandado tiene el deber moral y jurídico de allegar a la causa los elementos que permitan definir lo justo concreto, pudiendo configurar su conducta omisiva un factor importante de valoración”, a punto tal que “la omisión del interesado puede llegar, por mandato de la ley, a constituir una presunción en su contra”, puntualizaron los magistrados.

Dicho eso, el Tribunal de Apelaciones afirmó que “los facultativos intervinientes no extremaron todas las medidas adecuadas para ahondar en el estudio del cuadro que se les había presentado por guardia”, y si bien en el informe del Cuerpo Médico Forense “se mencionan factores de riesgo”, también se “aclara que en el servicio de guardia sólo se habló de un dolor de espalda”.

Acto seguido, la Justicia Federal de Alzada destacó que “a pesar de que el informe del Cuerpo Médico Forense descarta la supuesta relación de causalidad entre el infarto y la atención médica recibida en la guardia”, en realidad, “se le ha prestado al actor una asistencia hospitalaria inadecuada e incompleta que impidió afrontar un cuadro que exigía una urgente resolución”.

“La investigación sobre el nexo entre la conducta analizada y sus resultados es una cuestión de hecho, supeditada a la apreciación del juez y que se corresponde con sus peculiaridades”, por lo que “todo el asunto queda encerrado en la órbita de la función juzgadora, pues es el juez quien debe establecer, a través de los elementos allegados por las partes”, agregó el Tribunal de Apelaciones.

Por lo tanto, la Cámara Civil y Comercial Federal decidió revocar la sentencia de primera instancia y admitir la apelación de los herederos del actor. En consecuencia, los jueces fijaron a favor de los demandantes una indemnización de casi 150.000 pesos, más intereses.

Fallo:

CAUSA N° 3026/2001.- ROSTAN ROMINA ARACELI Y OTRO

JUZG. Nº 7                      C/ ESTADO NACIONAL MINIST DEL

SECR. Nº 14                    INT POLICIA FEDERAL CHURRUCA

                                         S/ DAÑOS Y PERJUICIOS

En Buenos Aires, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en los recursos interpuestos en autos: “ROSTAN ROMINA ARACELI Y OTRO C/ ESTADO NACIONAL MINIST DEL INT POLICIA FEDERAL CHURRUCA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia de fs. 478/82, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

            ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

            Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara doctores Santiago Bernardo Kiernan, Ricardo Víctor Guarinoni y Alfredo Silverio Gusman.

            A la cuestión planteada el señor Juez de Cámara doctor SANTIAGO BERNARDO KIERNAN dijo:

            I.- Vienen los autos al acuerdo, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora (fs. 488) contra la sentencia de fs. 478/82 que rechaza la demanda interpuesta por la señora Norma Beatriz Salgueiro de Rostán y por Romina Araceli y Christian Javier Rostán, como herederos de Abel Arnoldo Rostán, contra el Estado Nacional, imponiéndoles las costas del juicio.

            II.- Para así decidir, el señor Juez de Primera instancia consideró que los elementos de convicción aportados por la actora para acreditar la relación entre el infarto padecido por el señor Rostán en función policial y la que denominan los accionantes como “mala praxis médica” de los profesionales que lo asistieron en la guardia del Hospital Churruca-Visca, no resultan eficaces, pues los factores de riesgo como tabaquismo, obesidad, vida sedentaria, etc. pudieron estar relacionados  con la enfermedad coronaria en el momento de producirse el infarto, que no fue el que le produjo la muerte.

            III.- Contra lo decidido, la actora expresó sus quejas a fs. 516/36 vta., cuyo traslado fue contestado a fs. 541/43 vta. La cuestión sobre la cual versan los agravios gira, en síntesis, en torno a la relación de causalidad entre el infarto padecido por el señor Rostán y la atención médica recibida en el Hospital Churruca el día anterior, que califica como “mala”.

            IV.- También median recursos de apelación por los honorarios regulados (fs. 488, 493, 498 y 502), los que serán examinados al finalizar el presente Acuerdo.

            V.- En apretada síntesis, debemos señalar que Abel Arnoldo Rostán promovió demanda contra el Estado Nacional –Ministerio del Interior – Policía Federal Argentina – Complejo Médico Policial Churruca Visca, por la suma de $ 809.168 en concepto de daños y perjuicios.

            Relató que el 12 de enero de 1995 concurrió a la guardia del Hospital Churruca Visca a causa de intensos dolores que sentía en el pecho que se irradiaban al brazo izquierdo y a la espalda, acompañados de sudoración fría, calambres en la mandíbula, sensación de falta de aire y palidez y que allí le dijeron que se trataba de un cuadro de reuma, derivándolo al servicio de reumatología, donde le recetaron analgésicos y disponiendo su reintegro al trabajo.

            Continuó su relato diciendo que al día siguiente, mientras se hallaba prestando servicio en la Comisaría 12ª, donde se desempeñaba como Sargento Primero,  sufrió una descompostura y fue trasladado de urgencia al Hospital Durán, en el que le practicaron un electrocardiograma y lo derivaron al Hospital Churruca, donde fue internado en la unidad coronaria con diagnóstico de infarto agudo de miocardio con fallo de bomba.

            Señala que al ingresar el día anterior a la guardia de dicho Hospital ya tenía la sintomatología propia de un preinfarto, el cual fue groseramente confundido con un cuadro de reuma y que si lo hubieran tratado con la debida diligencia no hubiera padecido las graves lesiones que le produjo el infarto agudo de miocardio.

            Aseveró que por este cuadro debió ser sometido a una cirugía de revascularización miocárdica y que debió continuar con el  tratamiento en forma ambulatoria.

            Señaló que a causa de las secuelas resultantes el Jefe de Policía dispuso su retiro obligatorio con fecha 12 de abril de 1996. La Junta Médica lo calificó como irrecuperable para la función policial debido a las lesiones de carácter irreversible.

            Reclamó indemnización por incapacidad sobreviviente, gastos de medicamentos, tratamientos médicos, tratamiento psicológico, daño psíquico, lucro cesante y daño moral.

            VI.- A fs. 95 se denunció el fallecimiento del actor, en una presentación efectuada por su viuda, Norma Beatriz Salgueiro de Rostán, una de las actuales accionantes.

            Asimismo, a fs. 99 se denunció la promoción de una querella criminal contra los profesionales médicos que atendieron a Abel Arnoldo Rostán y a fs. 148 se dio por decaído el derecho a contestar la demanda al Estado Nacional.

            VII.- Aclaro, ante todo, que no obstante haber analizado todas las pruebas de la causa y reflexionado sobre los diversos planteamientos de las partes, sólo volcaré en este voto aquellos fundamentos que considero “conducentes” para la correcta composición del diferendo. Me atengo, así, a la Jurisprudencia de la Corte Suprema que ha juzgado correcta tal metodología (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros) y que es criterio recibido, en orden a la selección y valoración de la prueba, por el artículo 386, segunda parte, del Código Procesal).

            VIII.- Señalaré, de entrada, que ha sido jurisprudencia constante de esta Sala que la carga de probar la culpa de los demandados recae sobre los actores, sea que el caso se encuadre dentro de la responsabilidad aquiliana o ya fuere que se lo emplace en el terreno de la responsabilidad contractual (conf. causas 8073 del 30.8.91 y 9316 del 8.7.93, entre muchas otras). Tratase de una obligación de “medio” y no de “resultado”, donde la prueba del incumplimiento se identifica con la de la negligencia (v. LLAMBÍAS, J. J. “Tratado de Derecho Civil – Obligaciones”, 2ª. ed., t. I, nos. 170/172 y t. IV-B, n° 2826).

            IX.- Me interesa recordar, asimismo, que en muchas hipótesis el demandado tiene el deber moral y jurídico de allegar a la causa los elementos que permitan definir lo justo concreto, pudiendo configurar su conducta omisiva un factor importante de valoración (confr. doctrina de la causa 7994 del 22.5.91, Consid. IV “in fine”; ver también MORELLO, “Hacia una visión solidarista de la carga de la prueba”, E.D., t. 132, ps. 953/57), al punto que la omisión del interesado puede llegar, por mandato de la ley, a constituir una presunción en su contra (doctrina del artículo 388 del Código Procesal; C.E. FENOCHIETTO-R. ARAZI, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, tomo 2, p. 375; S.C. FASSI, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, tomo II, parágr. 2317, p. 215; L.E. PALACIO, “Derecho Procesal Civil”, tomo IV, ps. 427/428).

            No obstante ello, y en el mejor de los supuestos para la demandada, es decir,  si se tuviera por verdadero que no se ha rendido en autos toda la prueba necesaria para convencer al Juez de que ha existido verdadera relación causal entre la atención médica dispensada al señor Abel Rostán en la guardia y el infarto que derivó en una minusvalía física y en su posterior retiro de las filas policiales, su responsabilidad surge palmaria porque los facultativos intervinientes no extremaron todas las medidas adecuadas para ahondar en el estudio del cuadro que se les había presentado por guardia.

            Y si bien es cierto que en el informe del Cuerpo Médico Forense que luce a fs. 134/42 de la causa penal que tengo a la vista, se mencionan factores de riesgo del señor Rostán, tales como enfermedad coronaria, tabaquismo (fumaba 30 cigarrillos por día), obesidad, stress y aclara que en el servicio de guardia sólo se habló de un “dolor de espalda”, concluyendo, por último en que su fallecimiento no guardaba relación alguna con su enfermedad coronaria, no se puede soslayar el hecho de que en la guardia ni siquiera se urgió la presencia inmediata de un radiólogo, decisión que quizás hubiera colaborado en la elaboración del verdadero diagnóstico.

            Debo señalar que se desperdiciaron preciosas horas y que esa demora se originó en la circunstancia de no contar con la atención efectiva que hubiera evitado quizás el posterior infarto.

            A pesar de que el informe del Cuerpo Médico Forense descarta la supuesta relación de causalidad entre el infarto y la atención médica recibida por guardia, juzgo que se le ha prestado al señor Rostán una asistencia hospitalaria inadecuada e incompleta que impidió afrontar un cuadro que exigía una urgente resolución.

            X.- Tengo para mí que los antecedentes de hecho del caso involucran un proceso en el que si bien han concurrido factores de riesgo propios del paciente, la situación real es que si no se hubieran cometido las señaladas omisiones que resultaron groseras, tal vez se hubiera podido advertir la gravedad de la afección sufrida por Rostán y conjurar el peligro que corría su vida.

Todo lo hasta aquí expuesto me permite juzgar pertinente el reclamo de la parte actora.

            Quiero agregar, para finalizar, que la determinación del nexo causal entre el hecho y sus consecuencias, depende de las circunstancias que acompañan a la producción del daño, es decir, de las particularidades del caso. En este sentido, la investigación sobre el nexo entre la conducta analizada y sus resultados es una cuestión de hecho, supeditada a la apreciación del juez y que se corresponde con sus peculiaridades. Todo el asunto queda encerrado en la órbita de la función juzgadora, pues es el juez quien debe establecer, a través de los elementos allegados por las partes, la existencia de la relación de causalidad, y la carga de la prueba se rige por los principios procesales básicos que establecen su distribución (art. 377 y concs. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

            XI.- Respecto de los montos indemnizatorios reclamados inicialmente por el actor en concepto de incapacidad sobreviniente, gastos de medicamentos, tratamientos médicos, tratamiento psicológico, daño psíquico, lucro cesante y daño moral, diré que habida cuenta de que en la especie el actor murió durante la tramitación del presente juicio -por causas ajenas a su enfermedad coronaria-, las sumas que fijaré por estos rubros en favor de sus herederos -ahora accionantes- no sufrirán modificación alguna por este hecho nuevo denunciado oportunamente, salvo en lo que se refiere a gastos futuros, los cuales, obviamente, ya no se concretarán y a otros que no considero pertinentes.

            Quiero recordar que en la especie se trata de un hombre que a la fecha de sufrir el infarto agudo de miocardio -acontecimiento que le provocó daños que pueden considerarse graves, atento que debió inevitablemente ser intervenido quirúrgicamente a fin de efectuarle una cirugía de revascularización miocárdica- contaba con 47 años, antecedentes de tabaquismo, stress y obesidad.

            Ahora bien, debemos proceder al cálculo matemático del lucro cesante, sin descuidar la reparación de bienes no mensurables afectados por el hecho dañoso.

            A tal fin, sabemos que el actor padeció a causa del infarto una incapacidad laborativa de la total obrera del 80% que es lo mismo que el 100%.

            Según lo establece la pericia contable, la remuneración mensual del accionante era de $ 1053,20 como Suboficial de la Policía Federal Argentina, mientras que como Agente Auxiliar era de $ 477,62 en el mismo período.

            Siguiendo el método lineal de acumulación del perjuicio, desde el día del infortunio -13.1.95- a la fecha del fallecimiento del reclamante por causa ajena al infarto -13.11.2001- se llega a la suma de $ 134.477,71.

            En consecuencia, existe un período de 6 años, once meses y tres días en los que la remuneración anual fue de $ 19.898,06 (resultado de la siguiente operación: $1053,20 x 13= $13.689 y $ 477,62 x 13= $ 6209,06). Esos $ 19.898,06 debemos multiplicarlos por 6 años, lo que da la suma de $ 119.388,36 más 9 meses: $ 14.923,54 más tres días: $ 165,81, lo que arroja la suma total de $ 134.477,71 que mencionara inicialmente.

            A dicha suma le adiciono el importe de $ 5.000 por gastos médicos, que aunque no facturados, son previsibles para la atención de la crisis, más allá del apoyo de la obra social. Quiero recordar al respecto que tratándose de gastos médicos y de farmacia no es necesaria la presentación de los recibos, ni facturas, bastando con que guarden relación con las lesiones que presentan las víctimas, quedando sus montos librados al prudente arbitrio judicial (CNESP.CIV.COM, Sala I, 27-8-8l, pág.470, N° 3).

            Aún en el caso de ser atendidos en servicios asistenciales del Estado, son numerosos los gastos que deben efectuar los enfermos, puesto que las obras sociales no cubren la totalidad de los remedios y demás necesidades del enfermo.

            Con relación al daño psíquico, no ha sido acreditado en autos como para poder apreciar si correspondería resarcirlo independientemente del daño moral, el que debió padecer el reclamante frente a la situación de ver su carrera y expectativa laboral frustrada a los 47 años de edad, por lo cual estimo prudente fijar por este concepto la suma actual de $ 40.343.

Con respecto a la pérdida de la chance de ascenso al grado inmediato superior, considero justo determinar la suma de $ 11.700, que representa el monto que le hubiera correspondido por incremento de la remuneración.

            Llegamos así a la suma total de $ 191.520,71, pero a este valor debemos restarle un 40% a causa de los factores de alto riesgo que presentaba Roldán, que son los que menciona el informe de fs. 134/42 de la causa penal que tengo a la vista y a los que ya hice referencia.

            Como corolario de lo expuesto la condena asciende a la suma de $ 144.912,43 (conf. arts. 505, inc. 3, 512, 902, 909, 1068, 1069, 1078 y 1112 y concordantes del Código Civil).

            XII.- Paso a continuación a tratar el cómputo de los intereses.                                                                                           Los réditos, expresamente reclamados, se liquidan, para cada rubro, desde la fecha del hecho -12/01/1995-, atento su carácter resarcitorio (CN Civ., en pleno, La Ley 93-667). A partir de esa fecha y hasta el momento del efectivo pago del monto total de la condena, los intereses deben liquidarse de acuerdo a la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días.

            XIII.- Por ello voto porque se revoque la sentencia apelada, con costas de ambas instancias a cargo de la demandada, que ha resultado vencida (art. 68 del Código Procesal).

            El señor Juez de Cámara doctor Alfredo Silverio Gusman no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

            El señor Juez de Cámara doctor Ricardo Víctor Guarinoni, por razones análogas a las aducidas por el doctor Santiago Bernardo Kiernan, adhiere a las conclusiones de su voto.

            Con lo que terminó el acto. SANTIAGO BERNARDO KIERNAN – RICARDO VÍCTOR GUARINONI -.

            Es copia fiel del acuerdo original que obra en las páginas n° 358 folio n° 439 tomo n° 4  del Libro de Acuerdos de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Buenos Aires,   24    de abril de 2012.-

            Y VISTOS: por lo que resulta del Acuerdo que antecede, se revoca la sentencia de fs. 478/82, con costas de ambas instancias a cargo de la demandada (art. 68 del Código Procesal).

            De conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, su monto, y la extensión, calidad e importancia de los

trabajos realizados, fijase los honorarios de la doctora Alicia Susana Abaca Leocata en la suma de pesos VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO ($ 22.318), en su doble carácter de letrada y apoderada de la parte actora. Asimismo fíjase los honorarios de los profesionales intervinientes por la parte demandada, doctores Nora A. C. Verteramo, Erika Emilce Romero y Francisco José Rocco Viviani, en la suma de pesos SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE ($ 7.812), en conjunto (arts. 6, 7, 9, 10, 37 y 38 de la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432).

            Ponderando el carácter de las cuestiones sobre las que debieron expedirse los peritos médica doctora Iris Ilona Lieber y contadora señorita Mirtha Viviana Broide, así como también la entidad y mérito de sus dictámenes, determinase sus emolumentos en la suma de pesos CUATRO MIL ($ 4.000) para cada una de ellas (art. 6° del decreto-ley 16.638/57).

            Por las tareas de Alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados y el resultado del recurso, fijase en la suma de pesos CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 5.580) los de la doctora Alicia Susana Abaca Leocata y en la de pesos MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 1.953) los emolumentos de la doctora Erika Emilce Romero (art. 14 del arancel citado).

            Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

SANTIAGO BERNARDO KIERNAN

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

2 comentarios para “Indemnización a los herederos de un policía mal atendido en la guardia de un hospital”

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