Las obras sociales y Prepagas deben cubrir enfermedades pre-existentes.

Benigni, María Luisa C/ IOMA S/ Amparo (Artículo 250 CPC)”

CAUSA Nº 12200 CCALP “BENIGNI MARIA LUISA C/ IOMA S/ AMPARO (ART.250 CPC)” En la ciudad de La Plata, a los veinticinco días del mes de Octubre del año dos mil once, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en Acuerdo Ordinario, con la presencia de los Señores Jueces Dres. Claudia Angélica Matilde Milanta, Gustavo Daniel Spacarotel y Gustavo Juan De Santis, para entender en la causa “BENIGNI MARIA LUISA C/ IOMA S/ AMPARO (ART.250 CPC)”, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº1 del Departamento Judicial La Plata (Expte. Nº -701731-), previo sorteo y deliberación, se aprueba la siguiente resolución. La Plata, 25 de Octubre de 2011 VISTO Y CONSIDERANDO: El recurso de apelación articulado por la actora contra el pronunciamiento de la iudex que deniega el pedimento cautelar y que para decidir la cuestión corresponde plantear la siguiente CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar? VOTACION: A la cuestión planteada, la Dra. Milanta dijo: I. La accionante se agravia del pronunciamiento de grado que denegó la medida cautelar solicitada tendiente a obtener la inmediata afiliación al IOMA hasta tanto se dicte un pronunciamiento definitivo. La jueza de grado, sostuvo como argumento del rechazo de la diligencia peticionada que, la pretensión de fondo coincidía con lo requerido cautelarmente, in limine litis, pudiendo, por ende, anticipar jurisdicción (ver pronunciamiento de fs. 17). Cabe destacar que, la actora, dedujo una acción de amparo contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), por cuanto este último rechazó su afiliación por padecer una enfermedad preexistente -Artritis Reumatoidea- (ver disposición nº. 1270/11 a fs. 2 del legajo de apelación). Sostiene que tal negativa resulta arbitraria, irrazonable y en franca oposición a lo dispuesto por el art. 10 de la ley 26.682 que establece que las enfermedades preexistentes, no pueden ser criterio del rechazo de la afiliación de los usuarios. II. El recurso de apelación reúne los extremos de admisibilidad y ha sido bien concedido (arts. 9, 16 inc. 2º y 17, ley 13.928 –t.o. ley 14.192-; dto. regl. 3344/08; cfr. fs. 14/16, 19 y 22); siendo este Tribunal competente para entender en la materia (art. 17 bis, ley 13.928 –t.o. ley 14.192- cit. y 19, ley 7166 –t.o. ley 13.101-) corresponde resolver sobre sus fundamentos. III. Cabe recordar que, la admisión de las medidas cautelares, en el marco del proceso de amparo, se encuentra supeditada a la demostración del fumus boni iuris invocado y del peligro en la demora, como asimismo, a que la medida no perjudique el interés público (arts. 20, 22 y concs., ley 7.166; 230 y concs., CPCC). En el caso, la pretensión constituye una medida precautoria “innovativa”, en procura de obtener la cobertura asistencial del IOMA, previamente rechazada por el ente demandado, por disposición nº 1270 de fecha 19 de julio de 2011, por padecer la amparista como enfermedad preexistente artritis reumatoidea (enfermedad autoinmune), por aplicación de lo dispuesto en las resoluciones nº 438/04 y nº 439/04. En función de ello, cabe analizar, dentro del marco excepcional que reviste una medida como la solicitada, si en el caso, se configuran los recaudos de viabilidad ponderados no bajo un examen de certeza sino de verosimilitud del derecho esgrimido por la peticionante, el cual surge de un análisis primario de la cuestión y de las constancias aportadas a la causa. Ello así, conforme ha quedado plasmado el objeto litigioso, ha de otorgarse preeminencia a los valores en juego comprometidos, derecho a la salud e integridad física de las personas (Fallos 302:1284), ambos de rango constitucional (art. 75 inc. 22) y reconocidos por convenciones internacionales (art. 25 inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 12 inc. 2 ap. d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 36 inc. 8 Const. Pcial, y, como pauta de interpretación hermenéutica los alcances de la ley 26.682, especialmente art. 10. En ese marco, si bien la pretensión de la actora, en principio, se encontraría alcanzada por las previsiones legales que rigen el funcionamiento del IOMA ley 6.982, con sus modificaciones, decreto reglamentario nº 7881/1984, y resolución nº 438 (B.O. 29.4.04), su aplicación al caso, restringiendo el acceso a la obra social, con el fundamento de enfermedad preexistente aparece, prima facie, irrazonable. Por otra parte, el peligro en la demora queda configurado por la propia patología descripta en autos, circunstancia que no se encuentra controvertida en la causa. Además, no se observa, prima facie, que la medida otorgada pudiere perjudicar o impactar de algún modo en el interés público tutelado. Por consiguiente, toda vez que en esta etapa liminar se encuentran reunidos los recaudos de procedencia de la medida precautoria dispuesta, corresponde hacer lugar al recurso de apelación articulado y revocar el pronunciamiento de grado, de acuerdo a las consideraciones vertidas. Para ello, el IOMA deberá autorizar la afiliación peticionada en autos, de conformidad a la normativa aplicable, sorteando como único recaudo, la exigencia prevista en la resolución nº 438/04, motivo de agravios, ello, dentro de los cinco días de notificada la presente (arts. 36 inc. 8, Const. Pcial.; 9 y concs., ley 13.928, texto según ley 14.192: Así lo voto. A la misma cuestión planteada, el Dr. Sapcarotel adhiere a los fundamentos y solución propuesta por la Dra. Milanta y emite su voto en idéntico sentido. A la cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo: Discrepo con la Dra. Milanta. El recurso de apelación no es de recibo. En efecto, aprecio que el alcance de la medida cautelar, en la forma solicitada, importa adelantar el resultado del proceso pues su extensión connota un confín que queda comprendido en el objeto sustantivo perseguido. Tal y como lo decide la juez de la causa con argumentos que comparto. Esa circunstancia, correctamente ponderada, reporta una desnaturalización del curso cautelar, que no está llamado a ese fin sino a asegurar el cumplimiento de un desenlace hipotético favorable a la demanda que no veo en riesgo susceptible de conjura. El peligro en la demora pues no encuentra debido sufragio (conf. art. 22 inc. 1 b) ley 12.008; t. seg. ley 13.101). Ello así es suficiente para desestimar el recurso de apelación. Así las cosas, me pronuncio por la confirmación de la decisión impugnada, en tanto no exhibe error de juzgamiento. Propongo: Rechazar el recurso de apelación de la parte actora y confirmar la resolución atacada en todo cuanto ha sido materia de sus agravios (conf. arts. 22, 23, 55, 56 y concs. de la ley 12.008, t. seg. ley 13.101). Así lo voto. Por tales consideraciones, este Tribunal RESUELVE: Por mayoría, hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocar el pronunciamiento de grado y, por consecuencia, el IOMA deberá autorizar la afiliación peticionada en autos, de conformidad a la normativa aplicable, sorteando como único recaudo, la exigencia prevista en la resolución nº 438/04, motivo de agravios, ello, dentro de los cinco días de notificada la presente (arts. 36 inc. 8, Const. Pcial.; 9 y concs., ley 13.928, texto según ley 14.192). Regístrese, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen oficiándose por Secretaría. Firmado: Claudia A. M. Milanta. Jueza. Gustavo Daniel Spacarotel Juez. Gustavo Juan De Santis. Juez. Mónica M. Dragonetti. Secretaria. Registrado bajo el nº 920 (I).

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